Congreso de la CDMX

03 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

La Jucopo analizará la propuesta para reducir 400 millones de pesos al presupuesto 2020

21 Feb 2020

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La Comisión de Presupuesto del Congreso capitalino, analizará la propuesta –realizada a través de un punto de acuerdo por la diputada Martha Ávila Ventura- para destinar 400 millones de pesos para la operación de la Universidad de la Salud y para el mejoramiento hospitalario capitalino.

Proponen implementar mecanismos de protección a las y los menores de edad

21 Feb 2020

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El objetivo es reforzar la supervisión de recepción y entrega de niños, así como la seguridad y vigilancia en las zonas aledañas a los planteles educativos.

“Constitucionalismo y derechos fundamentales en las entidades federativas”

20 Feb 2020

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Al inaugurar el foro “Constitucionalismo y derechos fundamentales en las entidades federativas”, realizado en instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, la diputada Yuriri Ayala aseguró que la Constitución Política local amplió el catálogo de derechos y libertades reconocidos

Pronunciamientos en el Congreso CDMX sobre la situación de violencia por feminicidios

19 Feb 2020

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Los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Ciudad de México emitieron pronunciamientos sobre la situación de violencia por feminicidios y los casos recientes que han llamado la atención pública, como el asesinato de Ingrid “N”, y recientemente el de la niña Fátima Cecilia “N”.

Se aprobó el dictamen de la Ley del Sistema Anticorrupción de la CDMX

19 Feb 2020

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La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso capitalino aprobó el dictamen por el que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

El Congreso local recibió iniciativa de la Fiscal General CDMX para castigar filtraciones de información

17 Feb 2020

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También señala que si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta en una tercera parte.

Exhortan al titular del INE rechazar la elección anticipada del secretario Ejecutivo

14 Feb 2020

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Luego de un amplio debate por el punto de acuerdo presentado por el diputado Carlos Castillo Pérez para exhortar al titular del INE, Lorenzo Córdoba, rechazar la elección anticipada del secretario Ejecutivo de dicho Instituto por un nuevo periodo de seis años, dicha propuesta fue aprobada.

Concluyó la recepción de opiniones en el proceso de ratificación de magistrados

14 Feb 2020

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Como parte del proceso de ratificación de las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino abrió un periodo para la recepción de opiniones

Movilidad Sustentable del Congreso de la CDMX continúa ciclo de foros en materia de transporte

13 Feb 2020

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Este foro tiene como objetivo escuchar diversos puntos de vista, con el propósito de lograr que todos los medios de movilidad estén integrados en un sistema único que permita garantizar el ejercicio del derecho a la movilidad en los términos que marca la Constitución de la Ciudad de México

Realizan mesa de trabajo con la titular de la Secretaría de Salud CDMX

13 Feb 2020

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En el inicio de la mesa de trabajo, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local, diputada Lourdes Paz Reyes, aseguró que la búsqueda del bienestar en salud es una misión compartida entre el Legislativo y la Secretaría del ramo en la capital.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.