Congreso de la CDMX

03 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

Aprueban el dictamen para la creación del Registro Público de Agresores Sexuales de la CDMX

09 Mar 2020

540 veces

Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, aprobaron el dictamen para establecer la creación del Registro Público de Agresores Sexuales, el cual forma parte de la estrategia para prevenir e inhibir la comisión de este tipo de delitos.

Aprueban el dictamen para otorgar la Medalla al Mérito en Artes 2019

06 Mar 2020

385 veces

Durante la convocatoria se registraron 41 candidaturas, ocho correspondieron a mujeres, 27 hombres, y seis a personas Morales, grupos y colectivos

El Congreso de la CDMX recibió el Informe de Asuntos Internacionales

05 Mar 2020

358 veces

Integrantes de la Mesa Directiva y del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México recibieron de la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, el Informe de Asuntos Internacionales, correspondiente al segundo semestre del año 2019

Realizan en el Congreso capitalino mesa de trabajo con productores de bolsas de plástico

05 Mar 2020

331 veces

Para aclarar dudas y llegar a acuerdos con los representantes de la industria del plástico, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal del Congreso local efectuó una mesa de trabajo con funcionarios del gobierno capitalino y voceros de este sector.

Presentan el libro la percepción de la corrupción en los gobiernos locales de México

03 Mar 2020

299 veces

Como un espacio de reflexión y análisis para mejorar la administración pública, en el Congreso capitalino se realizó la presentación del libro la percepción de la corrupción en los gobiernos locales de México.

Comisionado presidente del Info CDMX presentó su Informe Anual de Labores

03 Mar 2020

337 veces

Como un ejercicio de rendición de cuentas, y para contribuir al fortalecimiento de la democracia, el Congreso capitalino, a través de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, recibió al comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX)

El Congreso de la CDMX se suma a la convocatoria #UnDíaSinNosotras

26 Feb 2020

367 veces

En este mismo Acuerdo se exhorta a la Jucopo a que solicite a todas las presidencias de las Comisiones, a fin de que sesionen para dictaminar todas las iniciativas rezagadas en temas de igualdad de género, violencia de género, justicia

Solicitan a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la CDMX reforzar medidas de seguridad

26 Feb 2020

377 veces

El Congreso capitalino, a través de las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Administración Pública Local, se reunió en mesa de trabajo con el subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México

El Congreso de la CDMX entrega la Medalla al Mérito en Protección Civil

25 Feb 2020

341 veces

Las y los galardonados son: Juana Huitrón e Islas, conocida como la primera mujer topo; los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos: Primer Inspector, Raúl Sánchez López y bombero primero, Franti León Brito Brito; la titular del Centro Integral de Atención y Gestión de Riesgos

Realizan taller de asesoría técnica especializada en materia de Estado Abierto

25 Feb 2020

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Con el objetivo de fortalecer el Parlamento Abierto, la Unidad de Transparencia, en coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO)

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.