Congreso de la CDMX

02 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

El Congreso analizará diversas iniciativas presentadas en la primera sesión virtual

11 Jun 2020

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En la primera sesión virtual de la Comisión Permanente, del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, legisladoras y legisladores presentaron un total de 24 iniciativas en diferentes materias, que fueron turnadas a comisiones para su análisis y dictamen.

La pandemia no impidió el funcionamiento del Poder Judicial local: presidente del TSJCDMX

10 Jun 2020

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El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) ha mantenido su operación durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVI-19, implementando diversas medidas para velar por la salud de las personas que ahí laboran, afirmó el presidente de ese Tribunal, magistrado Rafael Guerra Álvarez.

Preparan en el Congreso de la CDMX Plan de Emergencia para la Protección de la Niñez

10 Jun 2020

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Detalló que la propuesta se ha trabajado con distintas organizaciones de la sociedad civil, misma que retoma su visión e integra no sólo sus planteamientos, también las consideraciones, recomendaciones y desafíos de organizaciones internacionales como UNICEF, UNESCO y Cepal.

Comisión de Administración y Procuración de Justicia realiza mesa de trabajo

04 Jun 2020

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Integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino tuvieron una reunión de trabajo remota con la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy

Acuerdo CCMX/I/JUCIPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política

01 Jun 2020

369 veces

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México, del artículo 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México

La Jucopo aprueba las reglas paras las sesiones virtuales en el Congreso de la CDMX

29 May 2020

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Con las reglas avaladas se garantizó que todas las sesiones vía remota serán públicas, en éstas deberá permanecer en un lugar visible en la transmisión una persona intérprete de lengua de señas mexicana.

Congreso capitalino recibe iniciativa del Gobierno CDMX para reformar la Ley de Austeridad local

29 May 2020

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La iniciativa presentada promueve la reforma la Ley de Austeridad local para realizar ajustes al presupuesto, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, en caso de emergencia sanitaria o desastre natural, aplicando las medidas de disciplina y equilibrio presupuestal.

Con careta y cubrebocas, el obligado retorno del Congreso CDMX

20 May 2020

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Cubre su rostro con una careta transparente y un cubrebocas blanco, quizá un N95, para protegerse contra el Covid-19. De pie en las escalinatas que conducen a la entrada del Congreso de la Ciudad de México, el diputado Jorge Gaviño Ambriz expresa: “Era nuestra obligación”.

Mesa Directiva extiende la suspensión de actividades por (COVID-19) hasta el 30 de Mayo

29 Abr 2020

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Relativa a extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo del presente año, esta Presidencia de la Mesa Directiva extiende la suspensión de las actividades del personal administrativo

Ratifica el Congreso capitalino la reforma constitucional federal en materia de seguridad social

04 Abr 2020

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Participaron un total de 46 diputadas y diputados -23 presentes en el recinto legislativo y 23 en forma virtual-, quienes emitieron 45 votos a favor de la reforma y adición, cero votos en contra y un voto en abstención.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.