Congreso de la CDMX

03 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

La Jucopo elaborará una agenda de temas que podrían discutirse

23 Jun 2020

315 veces

En sesión remota de la Jucopo, realizada este lunes, se presentó –a las diputadas y diputados integrantes- el listado de iniciativas pendientes de dictaminar en las diversas comisiones legislativas del Congreso capitalino.

Plantean reformar varias leyes capitalinas para robustecer el marco jurídico

23 Jun 2020

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Integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México anunciaron en conferencia de prensa, vía remota, la presentación de 18 iniciativas de reformas a diversas leyes

El Congreso local aprobó reformas a la Ley de Austeridad

22 Jun 2020

360 veces

“Con estas reformas se apoyará a las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre del año 2017”: Diputada Esperanza Villalobos, presidenta de la Comisión de Reconstrucción.

El Congreso capitalino y el INFO CDMX inician talleres virtuales

22 Jun 2020

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Participarán diputadas y diputados locales, el INFO CDMX, la organización ControlaTuGobierno, así como el IMCO.

Aprueba la Comisión Permanente del Congreso de la CDMX celebrar un Periodo Extraordinario

19 Jun 2020

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Al continuar con la sesión presencial de la Comisión Permanente, ésta aprobó con 11 votos a favor, ninguno en contra, y una abstención la realización de la sesión extraordinaria virtual para mañana viernes 19 de junio, a las 15:00 hrs.

Aprueban en Comisión legislativa fortalecer los espacios culturales independientes

19 Jun 2020

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Durante la sesión de trabajo remota, diputadas y diputados también pidieron a la Secretaría de Gobernación realizar homenajes póstumos para el maestro y luchador social Othón Salazar Ramírez.

En el Congreso de la CDMX se fortalecerá el marco jurídico

18 Jun 2020

298 veces

La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México dará a conocer –esta semana- 18 iniciativas que buscan fortalecer el marco jurídico en favor de las personas mayores.

La JUCOPO aprueba la realización de un periodo extraordinario de sesiones, el viernes 19 de junio

16 Jun 2020

319 veces

En reunión virtual de las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino se aprobó la realización de un periodo extraordinario de sesiones el viernes 19 de junio –a propuesta del grupo parlamentario de MORENA

Comisiones unidas del Congreso de la CDMX aprueban ampliar derechos de niñas, niños

16 Jun 2020

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Las comisiones unidas de Atención al Desarrollo a la Niñez y la de Juventud del Congreso local aprobaron por unanimidad –en sesión remota- reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, con la finalidad de salvaguardar la integridad física y psicológica

Comisión Permanente del Congreso de la CDMX aprobó exhortos

11 Jun 2020

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Durante la primera sesión remota las y los diputados de la Permanente aprobaron solicitar al Instituto Electoral local y al INE aprobar la facultad de atracción del proceso electoral capitalino a efecto de suspender temporalmente su inicio.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.