Congreso de la CDMX

03 Mayo, 2026

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Congreso local propone políticas públicas para combatir el embarazo en adolescentes

15 Feb 2019

464 veces

La fecundidad y la proporción de nacimientos entre adolescentes se han mantenido en niveles altos. Más de la mitad de estos embarazos no son planeados y se reportan 77 nacimientos por cada mil jóvenes entre 15 y 19 años

Piden crear centros de atención infantil gratuitos en zonas marginadas

14 Feb 2019

401 veces

Se trata de una causa necesaria para atender a todas las niñas y niños cuyas condiciones le impidan el acceso a esta calidad de atención

El alcalde de Coyoacán acude al Congreso capitalino

14 Feb 2019

358 veces

Tenemos como finalidad generar un encuentro, un diálogo. Esta no es una comisión que tenga facultades sancionatorias, se trata simplemente de generar este diálogo

Diputados locales analizan reformar la ley para sancionar el acoso en el transporte público

13 Feb 2019

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Es importante combatir estas acciones negativas que han prevalecido y que atentan contra la integridad de las personas, desde el momento en el que comienzan a ser acosadas, hostigadas o perseguidas

Ningún joven debe ser excluido en la incorporación a la educación superior

12 Feb 2019

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Indicó que en esta consolidación se tiene que revalorar el trabajo de los maestros y rescatar a las Escuelas Normales, que han sido colocadas al borde de su extinción

La nueva Ley de Participación Ciudadana debe ser la reconciliación entre la comunidad y sus instituciones

11 Feb 2019

379 veces

Terminar con el “divorcio” entre la comunidad y sus instituciones e iniciar una etapa de reconciliación es el gran reto que tiene la nueva Ley de Participación Ciudadana

Piden diputados a la SCJN resolver las Controversias Constitucionales a la Carta Magna local

08 Feb 2019

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió tres impugnaciones mediante la figura de Controversia Constitucional, presentadas por la Cámara de Senadores, la Presidencia de la República y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

La Constitución CDMX refrenda la igualdad, el respeto a los derechos ampliados

07 Feb 2019

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Al realizarse el Primer Encuentro Nacional de Puntos Constitucionales, en el Club de Periodistas de la CDMX, se resaltó que en una democracia es primordial el diálogo constante entre políticos y ciudadanos

Congreso garantiza permanencia y conclusión de educación a madres adolescentes

06 Feb 2019

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Con 55 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la capital del país

El Congreso CDMX impulsa combate al acoso sexual y la violencia digital

06 Feb 2019

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“La violencia cibernética contra las mujeres y las niñas es un problema de proporciones pandémicas”

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.