Congreso de la CDMX

03 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

Modernizarán mecanismos de consulta en bibliotecas y archivos del Congreso de la CDMX

20 Nov 2018

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A partir de la modernización en los servicios de consulta del acervo legislativo que aportan y enriquecen el trabajo al interior de este órgano y con ello el de los 66 diputados del Congreso de la Ciudad de México

El alcalde Manuel Negrete y el Congreso de la CDMX trabajarán en forma coordinada

20 Nov 2018

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Estamos seguras y seguros que en Coyoacán se acabarán los vicios, que la sensibilidad y la sencillez que usted manifiesta va a acabar con esa mala imagen que tenemos todas y todos, así como los ciudadanos y ciudadanas, de Coyoacán

Ernestina Godoy pedirá licencia el jueves; asegura que no hay crisis en Morena

13 Nov 2018

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Ante las versiones de que el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León sería quien la sucedería en la coordinación del partido y de que hay inconformidades por el nombramiento

PAN en CDMX propone quitar impuestos a herencias

13 Nov 2018

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Con el objetivo de fomentar una cultura de regularización de la propiedad de inmuebles, el PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para que no se paguen impuestos al adquirir un inmueble

Partido Verde propone transformar zoológicos de la CDMX

08 Nov 2018

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La misma legisladora que propuso prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México, presentó este jueves una iniciativa que permita la exhibición de animales sea solo una actividad secundaria

Se instala el grupo de trabajo para la toma de posesión de la Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum Pardo

07 Nov 2018

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Este grupo estará formado por los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso local (Jucopo); el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Martín del Campo; el Oficial Mayor Javier González Garza y la titular de Servicios Parlamentarios

Aprueban convocatoria para elegir 2 comisionadas y 2 comisionados para integrar el Instituto de Transparencia

07 Nov 2018

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En la reunión de trabajo, los diputados recibieron, escucharon, discutieron y aprobaron varias de las propuestas presentadas.

Morena impulsa ley de austeridad en Congreso de la CDMX

06 Nov 2018

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La coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó ante el pleno la iniciativa de Ley de Austeridad que disminuye el gasto en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial

Por unanimidad se aprueban modificaciones a la Ley de Transparencia, así como a la Ley Orgánica del Congreso

05 Nov 2018

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En Tribuna, el diputado Carlos Castillo Pérez, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, destacó la participación de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para la elaboración del dictamen

Diputados del Congreso de la Ciudad de México apoyan el fortalecimiento de acciones para consolidar el turismo

31 Oct 2018

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En el marco de la comparecencia del secretario de Turismo de la Ciudad de México, Armando López Cárdenas, ante los legisladores, éstos se comprometieron a robustecer las leyes para potenciar el ramo turístico.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.