Congreso de la CDMX

03 Mayo, 2026

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La Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso de la Ciudad de México se reunió con titular de SACMEX

17 Oct 2018

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Ramón Aguirre, director general del Sistema de Aguas local informó que el Sistema Cutzamala brinda a la capital nueve mil litros de agua por segundo, que representa 30 por ciento del agua que se consume

Construirán diputadas y diputados igualdad a partir de las diferencias y el respeto

16 Oct 2018

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Con el compromiso de crear un pacto de sororidad, se instaló formalmente la Comisión de Igualdad de Género, que presidirá la diputada de Morena, Paula Soto Maldonado.

Se comprometen diputados a trabajar con transparencia en Comité de Administración y Capacitación

15 Oct 2018

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Con el compromiso de trabajar con “absoluta transparencia y profesionalismo”, el diputado de Morena, Rigoberto Salgado Vázquez en su calidad de presidente

Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral del Congreso de la CDMX realiza gira de trabajo

13 Oct 2018

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Integrantes de la Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral del Congreso de la Ciudad de México, encabezada por el diputado Jorge Gaviño Ambriz

Garantizan que desde el Poder Legislativo local se dotará de los instrumentos legales para combatir la corrupción

10 Oct 2018

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Los diputados integrantes de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, del Congreso local, garantizaron que desde el Poder Legislativo se dotará a los órganos autónomos de los instrumentos legales

Congreso de la CDMX aprueba licencia de Encinas

09 Oct 2018

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Alejandro Encinas dejó su curul en el Congreso de la Ciudad de México para continuar con los trabajos de transición del Gobierno federal. En su lugar tomó protesta Ricardo Ruiz.

Promulga Jefe de Gobierno en el Congreso de la CDMX Decreto para la asignación de recursos al Fondo de Reconstrucción

05 Oct 2018

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En un acto sin precedentes, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, acudió al Congreso de la Ciudad de México a signar la promulgación del Decreto para la asignación de recursos al Fondo de Reconstrucción.

Congreso de la CDMX pide congelar permisos de megaproyectos

04 Oct 2018

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El Congreso de la Ciudad de México presentó un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades capitalinas a congelar permisos de megaproyectos en diversas alcaldías para implementar acciones en materia de orden inmobiliario

Congreso de la CDMX aprueba reorientar mil 318 mdp para la reconstrucción

04 Oct 2018

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El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para reorientar mil 318 millones de pesos del gobierno capitalino al Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México

Ley orgánica de alcaldías de la Ciudad de México

02 Oct 2018

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Decreto que contiene las observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México respecto del diverso por el que se expide la ley orgánica de alcaldías de la Ciudad de México JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.