Congreso de la CDMX

02 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

Para los alcaldes y alcaldesas no fueron etiquetados recursos en el decreto de presupuesto de egresos

01 Oct 2018

442 veces

Con respecto a los recursos para las alcaldías, Amieva dijo que no se etiquetó ningún recurso en el decreto de presupuesto de egresos para las nuevas autoridades de las alcaldías.

Quedó atrás la figura de delegado, rindieron protesta 16 alcaldes electos de la Ciudad de México

01 Oct 2018

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La coalición Juntos Haremos Historia ocupó la gran mayoría con 11 alcaldes, cuatro de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, y una del PRI.

Lamentable, decisión de no anular elección en Coyoacán: Encinas

01 Oct 2018

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El diputado Alejandro Encinas lamentó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no declarará nula la elección del pasado 1 de julio en la alcaldía de Coyoacán.

Diputados coinciden en fortalecer facultades de Concejales y Alcaldías

28 Sep 2018

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Ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitó fortalecer la figura de los Concejales en las Alcaldías

Encuentro Social conforma bancada y se integra a Jucopo del Congreso de la CDMX

27 Sep 2018

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La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México informó la integración de la asociación parlamentaria de Encuentro Social

Se instala la Junta de Coordinación Política de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México

25 Sep 2018

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El Congreso de la Ciudad de México instaló formal y legalmente la Junta de Coordinación Política

MORENA presidirá la JUCOPO en el primer año de trabajo del Congreso de la Ciudad de México

24 Sep 2018

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Los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México tienen la más alta responsabilidad política de rescatar esta metrópoli y reencauzarla como una capital de derechos y libertades

Congreso de la CDMX aprueba 'chapulineo' al inicio de legislatura

21 Sep 2018

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A cuatro días de que arrancó la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se votó por modificar la Ley Orgánica del Legislativo para permitir el 'chapulineo' al inicio de la Legislatura

Rinden protesta los 66 diputados de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México

18 Sep 2018

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En un hecho histórico y de trascendencia para los habitantes de la capital del país, quedó formalmente constituida la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, donde los 66 diputados rindieron protesta para desempeñarse en el cargo por los próximos tres años.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

18 Sep 2018

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Que con fecha 29 de Enero 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se Declaran Reformadas y Derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.