Ciudad de México.- Si no hay cambios de última hora, será esta semana cuando las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, presenten para su votación ante el pleno la ley con que la administración federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, establecerá medidas de austeridad republicana en cumplimiento de los principios de eficacia, economía, honradez, transparencia y gasto eficiente establecidos, lo que en otras palabras significa “quitar privilegios a la burocracia”, visto esto como una estrategia de reorientación del gasto gubernamental y economías en la partida destinada a sueldos y prestaciones de los servidores públicos.
El proyecto de dictamen, mismo que ya circula en manos de los legisladores integrantes de las comisiones referidas para su análisis correspondiente, plantea la importancia de incorporar la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público, y que será de observancia obligatoria para todos los servidores públicos, además deberá ser aplicada de manera transversal en todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes de la Unión y demás entes públicos federales.
En el proyecto, donde se dictaminan las iniciativas presentadas en la materia por los congresistas Manuel Rodríguez González y Benjamín Saúl Huerta Corona, ambos del partido Morena, consideran imperante establecer principios estrictos de austeridad, como criterio rector del servicio público, y de esta manera generar ahorros presupuestales para canalizarlos al desarrollo productivo en beneficio de los que más lo necesitan, considerando que más de 53.4 millones de personas en nuestro país viven en pobreza.
Además de expedir la Ley de Austeridad del Republicana del Estado, de manera general contienen cuatro ordenamientos legales para reformar: La Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Remuneraciones: Se plantea que deberá existir un ajustarse a lo dispuesto en los artículos 75 y 127 constitucionales y su ley reglamentaria. Lo correspondiente al esquema de control salarial, será desarrollado en una ley reglamentaria que establecerá las directrices enunciadas en la propuesta de ley. Entre otros, se hacen propuestas para los siguientes rubros:
Seguridad Social y Seguros de gastos privados: Prohíbe establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales o privilegiados de jubilación o pensión o haberes de retiro, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva.
Plazas adicionales: Durante el ejercicio fiscal, no se crearán plazas adicionales a las autorizadas en el PEF ni se aumentarán sus dotaciones, con la finalidad de evitar el engrosamiento del aparato burocrático. Los servicios personales por honorarios sólo procederán en casos excepcionales y justificados.
Escoltas y blindaje automotriz: Sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, defensa exterior, procuración e impartición de justicia podrán disponer de servicios de escolta, blindaje automotriz y cualquier otro gasto relativo a su protección.
Vehículos: Solo podrán destinarse a actividades prioritarias, de utilidad pública y para servicios directos a la población.
Propaganda oficial: El gasto asignado anualmente a la difusión de propaganda oficial se sujetará a los montos máximos que fije la SHCP y a lo estrictamente indispensable, para fines informativos, educativos o de orientación social. Dicho gasto no podrá ser objeto de incrementos durante el ejercicio fiscal correspondiente. La difusión de propaganda oficial en radio y televisión priorizará el uso de los tiempos oficiales disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales, conforme a la ley de la materia. La difusión de propaganda oficial por parte del Poder Ejecutivo federal deberá realizarse por conducto de la dependencia que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Cabe señalar que la ley reglamentaria en esta materia, deberá establecer las reglas relativas al contenido y fines de la propaganda oficial.
Viajes Oficiales: Sólo se autorizarán los que sean estrictamente necesarios. Prohíbe los boletos de viajes de primera clase o equivalente y los servicios privados de aerotransporte. El monto del hospedaje y alimentación del servidor público comisionado, será determinado por los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública.
Gasto diversos: Los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.
Remuneraciones: Establece que ningún servidor público obtendrá mayor salario, remuneración o prestaciones que el presidente de la República, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y determinada en el presupuesto de egresos, así como en términos de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables. Prohíbe privilegios como forma de remuneración. Y señala que no se autorizarán bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario correspondiente, fuera de los tabuladores salariales aprobados.
Cabe precisar que en el dictamen correspondiente se explica que en este se consideró que las 2 Iniciativas se complementan, por lo que se incorporaron ambas propuestas en aras de consolidar ahorros presupuestarios, derivados de la Austeridad Republicana.
En términos generales, de aprobarse la iniciativa en comento, se señala que con ella se acabarán privilegios, se evitará duplicidad de funciones, se cancelarán trámites por influencias, se generarán ahorros, se transparentarán los dineros públicos y se hará más eficiente la rendición de cuentas en todo el aparato burocrático del país.
Por: Jorge Luis Galicia Palacios
