Cuestionado y criticado el modelo de comunicación política vigente para nuestro país, es loable que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya agarrado al toro por los cuernos y emita nuevas reglas que eviten campañas políticas adelantadas y el uso indiscriminado de promociones personales con recursos públicos, así como el abuso de estas prácticas en las nuevas tecnologías de la comunicación por parte de aspirantes y partidos políticos.
Aunque para muchos la medida llega tarde y se queda corta, es un hecho que los nuevos lineamientos emitidos por el INE son un paso importante para el avance de nuestro sistema político democrático.
En las nuevas reglas de juego para los procesos electorales próximos, se ha prohibido que los aspirantes a la Presidencia del país, y a cualquier otro cargo, contraten o paguen propaganda en todo tipo de medios, incluido internet, y esta regla entrará en vigor a partir del 8 de septiembre del año en curso.
De no acatarse esta normatividad, las sanciones podrían llegar hasta la cancelación de registros de candidatos. Asimismo, se estipula que los voceros y dirigentes de los partidos tampoco podrán aparecer o participar en los promocionales que se trasmiten en los tiempos del Estado en radio y televisión porque se les cargaría como gastos de precampaña. En tanto que los servidores públicos que aspiren a ser candidatos a cargos federales o locales, no podrán asistir a eventos en los que se entreguen beneficios de programas sociales, ni se haga difusión de logros o inauguración de obras públicas.
Con ello, dijo el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, se pretende que la publicidad en radio y televisión sea una herramienta de equidad para las precampañas y que posteriormente contribuya a “la cancha pareja de todas las contiendas y de todos los cargos de elección que se disputen en las urnas”.
Con esta nueva normatividad los ciudadanos nos podemos ir despidiendo del hartazgo que generan campañas publicitarias como las que realizan virtuales precandidatos o candidatos como los líderes del PAN y Morena, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, por citar algunos ejemplos, y aunque estos digan hasta el cansancio que en esas acciones no se pide el voto o que explícitamente no se dice que quieren ser candidatos, es obvio que si hay intereses en ese sentido.
También se acabaron las campañas disfrazadas en presentaciones de libros, como la que realiza el ex gobernador de puebla, Rafael Moreno Valle. Se terminarán las simulaciones que en tiempos electorales funcionarios públicos acostumbraban realizar con eventos públicos para la promoción de su partido o de sus candidatos. Y para los usuarios de redes sociales y el internet, no se les prohíbe su uso, pero si la compra de espacios en esos medios. Adiós a todo ese tipo de prácticas irregulares.
Es cierto, el modelo de comunicación política en México luce rebasado y deja mucho que desear en cuanto a las expectativas ciudadanas, pero por lo menos el árbitro electoral tiene interés en corregir esas fallas y lo que sigue es propiciar debates políticos de calidad, terminar con la spotización de las campañas y cambiarlo por un modelo que permita visualizar con claridad las ideas, programas y visiones de quienes aspiran a cargos de representación popular y lo que se quiere para el país. Hay mucho, pero eso corresponde al poder legislativo y el tiempo para nuevas leyes se ha agotado, al menos ya no para 2018.
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