De las últimas Iniciativas aprobadas por los diputados de la LXIII Legislatura fue la eliminación del arraigo que transitó de ser una medida precautoria o cautelar ordinaria a una excepcional por la carga de arbitrariedad que representa.
Como se recordará, en el sexenio de Felipe Calderón se recrudeció la práctica del arraigo a un grado tal que esta medida cautelar se utilizó, en promedio, contra 21 personas diariamente. Estadísticas de la PGR daban cuenta de que los jueces emitieron 2, 227 órdenes para retener temporalmente a 7 mil 739 personas.
En ese sexenio, los órganos de impartición de justicia, la decisión que tenía justificación legal en el 93 por ciento de las medidas cautelares requeridas por el ministerio público federal. Las negativas fueron la excepción que confirmaron la regla.
El arraigo es un recurso legal que definitivamente viola las garantías individuales de los ciudadanos que son privados de su libertad, al tiempo que era un recurso para la incapacidad de los ministerios públicos que carecían de habilidades para una averiguación previa.
Por ello, uno de los grandes legisladores de esta Legislatura ha sido el derogar el octavo del artículo 16 de la Constitución Política para eliminar la figura del arraigo de una persona, el ejército por la autoridad judicial.
El dictamen, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, señala que antes de la adopción legal del modelo procesal acusatorio, el Pleno de la Suprema Corte ya se había pronunciado sobre la absoluta y abierta anticonstitucionalidad y la inconvencionalidad de la figura que los diputados suprimieron de la Carta Magna.
De acuerdo con la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde hace más de 10 años la figura del arraigo penal en México ha sido objeto de la preocupación por los organismos internacionales de derechos humanos, por lo que se ha recomendado de forma consistente para eliminación.
En la fundamentación, el diputado Daniel Ordoñez Hernández (PRD), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, precisó que esta figura, como una medida cautelar que era su origen y para lo que estaba armada, se desvió a su fin y ahora se usa como un mecanismo de investigación. "Ahora primero se arraiga a una persona y luego se le investiga, violando el principio de la presunción de inocencia y contraponiéndose a todo nuestro esquema de justicia", afirmó.
Al derogar por completo el octavo del artículo 16 constitucional, "estaremos sentando un precedente importante en materia de derechos humanos y el cumplimiento de las recomendaciones de estos organismos y de muchas organizaciones no gubernamentales, que se han manifestado en favor de la eliminación del arraigo" ".
La diputada Cristina Gaytán Hernández (PRD) señaló que la aprobación de esta medida "sin duda nos pone en un lugar muy importante, respetando los derechos humanos y también defendiendo la dignidad de las personas y sus derechos". Expresó que su grupo parlamentario está convencido de que "esta reforma abona en mucho al proyecto de país que queremos".
El diputado Jorge Álvarez Maynez (MC) celebró la derogación de una parte del artículo 16 constitucional, al considerar que esta figura fue utilizada de forma abusiva, violando los derechos humanos de mexicanos. Subrayó qué deshacerse de "una de las figuras jurídicas más vergonzosas de nuestra Constitución, en un logro histórico".
