Bienestar

29 Abril, 2026

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Sexta ola de COVID-19

03 Ene 2023

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México inicia el 2023 en medio de la sexta ola de COVID-19 y con 7 millones, 234 mil 467 casos confirmados desde el comienzo de la pandemia, en 2020, y con 331,099 defunciones

Sexta ola de COVID-19: Estos 5 estados presentan el mayor repunte de casos

13 Dic 2022

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El número de casos positivos de COVID-19 en México se multiplicó por cuatro en las cinco semanas más recientes, al pasar de 3,223 a 13,722 entre el 1 de noviembre y el 6 de diciembre, fecha del reporte más reciente

Viruela del mono: Sinaloa confirma su primera muerte

12 Dic 2022

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A la fecha, se tienen registrados 19 casos en la entidad, de los cuales dos son activos, uno se está por confirmar y otro más está en estudio

Por medio del arte terapia refuerzan la salud emocional en adultos mayores

08 Dic 2022

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El Gobierno que encabeza Alfredo Del Mazo Maza, a través de las Brigada Multidisciplinaria perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social, proporciona información de diferentes temas, en beneficio de los adultos mayores

Las vacaciones de invierno de la SEP comienzan en esta fecha

01 Dic 2022

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Las vacaciones para estudiantes de la SEP se extienden hasta el viernes 6 de enero de 2023 y el primer día de clases del año será el lunes 9

‘XBB, la pesadilla’: ¿Cuáles son los síntomas de las nuevas variantes de COVID?

29 Nov 2022

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A pesar de que diciembre trae alegría a familias mexicanas por las fiestas decembrinas, el último mes del año también ‘saca’ su lado oscuro: el frío ‘duplicado’ y el repunte de contagios en enfermedades virales

Ya comenzó la temporada de avistamiento de la mariposa monarca

24 Nov 2022

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La temporada de hibernación 2022-2023 de la Mariposa Monarca dio inicio, razón por la cual la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Subsecretaría de Turismo, invita a visitantes nacionales y extranjeros a admirar este espectáculo natural en los Santuarios del Estado de México

Variante de COVID ‘perro del infierno’ llega a México: Detectan 16 casos en estas entidades

17 Nov 2022

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La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que, a la fecha, van 16 casos detectados en todo el país de la nueva subvariante de Ómicron, ‘perro del infierno’, denominadas como BQ.1 y BQ.1.1

Contaminación en CDMX y Edomex

15 Nov 2022

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Tras dos días de una inusual contingencia ambiental en noviembre en la Ciudad de México y el Estado de México por la concentración de ozono, la Megalópolis ‘respira’ de alivio, aunque eso no significa que la calidad del aire sea la más óptima

Eclipse de luna noviembre 2022

08 Nov 2022

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Durante las primeras horas del martes 8 de noviembre nuestro satélite natural dará un espectáculo celestial. La luna llena, también conocida como Luna del Castor traerá consigo un eclipse que podrá observarse desde algunos países, entre ellos México

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.