Para empezar el año electoral tenemos que recordar lo que nos dejó en materia legislativa al cierre del 2017, destacando los aspectos fundamentales que nos permite la transición hacia un México en paz.
Uno de los aspectos centrales tuvo que ver con la modificación que declaró la Consulta Popular referente al modelo real de seguridad pública, suscrita por el PRI y el PVEM, que no se logró el quorum necesario para seguir sus trabajos ese día, por acciones dilatorias de las bancadas de oposición, lo que orilló a que se convocara a todos los diputados de la alianza legislativa PRI, Verde, Nueva Alianza y hasta este momento el PES, para aprobación dentro de los plazos establecidos por la citada ley que tuvo como límite el 15 de diciembre para que se considere la pregunta en el proceso electoral del próximo año.
Sin embargo, el procedimiento no se explica por la motivación de la iniciativa y de la pregunta que pretenden impulsar los diputados y que tiene que ver básicamente con el modelo político que hasta la fecha tenemos en nuestro país.
En este sentido, la pregunta que se acepta en el proceso electoral y ahora de consultas es:
"¿Estás de acuerdo en que nuestro país tiene 32 policías profesionales, una por cada estado, en el lugar de las más de 800 800 policías municipales que, de acuerdo a distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?"
Tema que viene a involucrar al congreso por la polarización sobre el particular en donde existen dos propuestas dominantes, el mando único que impulsa el PRI y su coalición legislativa o el mando mixto que propone Acción Nacional y sus aliados coyunturales, y por supuesto la negativa de MORENA .
Esta modificación motivada por la visión integral que tiene el Gobierno Federal para complementar la Ley de Seguridad Interior con una instrumentación y modernización del marco normativo, institucional, de cadena de mando, de responsabilidad y de colaboración en el poder en la materia de seguridad pública, que actualmente tienen la federación, las entidades federativas y los municipios, establecido en el artículo 21 constitucional, pero que también destacan que son acciones que tienen que estar coordinadas, en donde el único artículo se refiere:
"Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno se utilizarán para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ... "
Esta instrucción constitucional no se ha podido hacer por la operación operativa de contar con cadenas de mando, claras, destacando la propuesta de 32 policías Estatales coordinadas con las más de mil ochocientas policías municipales que hoy día existen y que sin duda han sido rebasadas por la delincuencia, sería un buen principio institucional para las aptitudes a las políticas civiles frente al crimen organizado y el no organizado.
Destacar que sin esta parte de la recomposición institucional en materia de seguridad publica nunca tendríamos las policías que se necesitan para hacerle frente a la delincuencia común y organizada y menos si estas policías continúan siendo delincuentes con placas, como las de la ciudad de México que los balconearon robando celulares en el cumplimiento de una orden para evitar este delito, hecho que denigra a los policías que si cumplen con su trabajo y que exponen su vida en el cumplimiento de su deber.
Lo peor de ello es que cuentan con el apoyo de las autoridades de la Ciudad de México y de sus aliados políticos, y nos preguntamos si el candidato Anaya después de conocer estos actos de la peor calaña va a continuar adelante con su frente bipolar para las elecciones del 2018 o se va a desmarcar.
Si no se quiere que la actuación de los militares sea permanente o que dejen de ser el primer respondiente en los delitos que hoy competen a las autoridades civiles, se tienen que crear las condiciones necesarias de seguridad que permitan este tránsito hacia la pacificación de nuestro país y dejar de ser oposición sistémica fuera de la realidad como los jesuitas del Centro Prodh y su ONG “seguridad sin guerra”, que proponen una desmilitarización sin condiciones de seguridad mínima que permita la instrumentación de la transición hacia la pacificación real de nuestro país.
Estas condiciones de restablecimiento de la seguridad en las manos de la autoridad civil se dan en un proceso de las vías, primero en donde exista una declaración de seguridad interior que evidencie estadísticamente un rebase de las capacidades municipales y estatales para brindar seguridad a sus habitantes, en donde las autoridades federales y nuestras fuerzas armadas se restablecen a los niveles aceptables de seguridad o que desactiven la amenaza, mientras que, por otro lado, las autoridades en materia de seguridad y con un mando único en sus capacidades de respuesta y de prevención para garantizar un los ciudadanos su integridad física y patrimonial, responsabilidad absoluta en nuestro sistema jurídico del Estado.
