En la 4T -mal llamada así porque en realidad no están transformando nada-, no entienden o no quieren entender que los conflictos de intereses también son corrupción. Es más, el conflicto de intereses se ha vinculado siempre a actos ilícitos en la Administración Pública y por consiguiente es uno de los primeros vínculos que hay que eliminar si en serio se quiere acabar con la corrupción en el país.

En el reciente encarcelamiento de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, sus abogados acusan que hubo desaseo. En primera instancia, señalan que el juez que la vinculó a proceso, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, puso en boca de la exsecretaria imputaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y el excandidato priísta a la Presidencia de la República, José Antonio Meade. Robles negó haber señalado a ambos. Además, el juez decidió enviar a prisión preventiva a Rosario Robles a pesar de que el delito que se le imputa -ejercicio indebido del servicio público- no es considerado grave y no requiere el arresto preventivo.

Rosario Robles debería estar enfrentando este proceso legal en libertad, y no tras las rejas.

Se ha insistido en que el proceso que se le sigue a Rosario Robles es una venganza de ya saben quién, y al parecer la extitular de la SEDESOL será el chivo expiatorio que pagará enfermizos rencores de varios prominentes miembros del lopezobradorismo.

Ahora se sabe que el juez que decidió poner tras las rejas a Rosario Robles, a pesar de lo antes señalado, es sobrino de la hoy diputada Dolores Padierna y su esposo René Bejarano. Quienes han seguido las trayectorias de ambos saben que el matrimonio Bejarano-Padierna no goza de buena reputación en términos de honradez.

Hay muchos elementos plenamente documentados que permiten seguirle un proceso jurídico a Rosario Robles, y la Fiscalía General de la República deberá demostrar su culpabilidad, pero su prisión preventiva es un absurdo y un atentado en contra del verdadero Estado de Derecho.

El caso más sonado de corrupción en que Bejarano estuvo involucrado fue aquel en que se le vio recibiendo fajos de dólares de manos del empresario Carlos Ahumada Kurtz, hecho por el que el entonces mano derecha de Andrés Manuel López Obrador fue a dar a la cárcel. En su libro Derecho de Réplica, Carlos Ahumada deja ver que la balconeada a Bejarano, que implicó un duro golpe político para el hoy presidente de la República, fue instrumentada por Rosario Robles, con quien el empresario argentino mantenía una relación sentimental.

Entonces, ¿alguien duda que el matrimonio Bejarano-Padierna -y el propio presidente de la República- tendrían motivos para promover o alentar una venganza en contra de Rosario Robles? Por ello, el juez Delgadillo Padierna debió excusarse en este caso. No hacerlo implica caer en conflicto de intereses, y eso es corrupción.

Que conste, nadie afirma que Rosario Robles es inocente. Sólo apuntamos que el juez que la envió a prisión preventiva tiene un claro conflicto de interés en este caso y debió excusarse.

Pero el lopezobradorismo tiene otra manera de definir el conflicto de intereses. El presidente López Obrador invierte la ecuación para justificar los casos que se han registrado en su gobierno y ha señalado que los servidores públicos que caen en este escenario son honestos, y ello elimina el conflicto de interés.

El artículo 3 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas menciona que se entiende por conflicto de interés “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”. Estos conflictos surgen cuando una persona tiene y toma la oportunidad de anteponer sus intereses privados a sus deberes profesionales, y por lo tanto puede incurrir en un acto de corrupción.

Sin embargo, una de las funcionarias más señaladas por conflictos de interés es la propia secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien debería encabezar la lucha para que esto no ocurriera en el gobierno lopezobradorista. Sus hermanos, secretaria, y su esposo, ¿cómo están?, se escucha una pregunta.

Además, en su carta de renuncia a la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa también puso el dedo en la llaga para este gobierno y señaló que el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, también tiene “un patente conflicto de interés”.

“Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”, resaltó en su carta de dimisión, y posteriormente se sabría que estaba haciendo referencia a Alfonso Romo.

En el breve tiempo de vida del gobierno lopezobradorista los casos de conflictos de intereses han sido constantes.

El lopezobradorismo lo justifica: si lo hacemos nosotros está bien, pero si lo hacen otros está mal, parecen decir. Háganle como quieran, que para eso somos gobierno, parecerían agregar.

Lo cierto es que en ese sentido el lopezobradorismo actúa peor que el peñanietismo, el calderonismo, el foxismo, el zedillismo y el salinismo, pero juntos.