El anuncio de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México de continuar sacando a los funcionarios públicos de la capital para conformar un “cinturón de paz” durante marchas de alto riesgo no ha caído bien entre la burocracia capitalina.

No es para menos. La decisión de Claudia Sheinbaum aterroriza a quienes laboran para el gobierno de la Ciudad de México.

Pero además, la autoritaria decisión de la Jefa de Gobierno tiene todas las agravantes para ser impugnada. Pero no lo será.

Quienes laboran en el gobierno de la Ciudad, como también quienes trabajan para el gobierno federal, tienen pánico de perder sus empleos. Simplemente observan lo que pasa en el país, en la capital, y sufren con la posibilidad de quedarse sin trabajo. Por eso no protestan y no encaran a las autoridades que les exigen salir a las calles y poner el pecho ante posibles agresiones de gente que, históricamente, ha hecho de la violencia su modus vivendi.

¿Qué argumento tendrá Sheinbaum cuando descalabren, o incluso asesinen, a algún funcionario público en alguna marcha? ¿Qué le dirán las autoridades a sus familiares, a sus hijos, a sus esposas o esposos, a sus padres? ¿Les dirán que fueron agredidos o asesinados y que murieron como héroes? ¿Cómo explicarles que los funcionarios públicos fueron sacados a las calles a realizar labores de seguridad pública para las que no están preparados? ¿Acaso sostendrán la mentira de que los servidores públicos de la Ciudad estaban deseosos de salir a conformar el “cinturón de paz”?

El cinismo de las autoridades que se autodenominan de izquierda los tiene atrapados. La izquierda en México siempre protestó por lo que llamaron las agresiones de las fuerzas del orden en marchas y mítines. Siempre se quejaron y acusaron a las policías y al Ejército de ser represores del pueblo. Ahora que son gobierno tienen la disyuntiva de actuar en contra de los grupos de choque que se hacen presentes en las marchas y mítines, o tolerarles todo. En cualquier caso, quien queda indefenso es el ciudadano que padece la acción de los grupos violentos en sus domicilios, en sus comercios, en la calle.

Además del abuso en contra de los servidores públicos, el gobierno de la Ciudad utilizó en la pasada marcha del 2 de octubre a grupos de choque conformados por policías sin uniforme que tienen autorización de agredir.

La pregunta lógica es: ¿por qué desaparecieron al cuerpo de granaderos para sustituirlo con policías sin uniforme que se dieron vuelo agrediendo y golpeando? ¿De verdad se trata de revivir los episodios más tristes del pasado como el “halconazo” y el propio 2 de octubre de 1968, en los que actuaron grupos paramilitares para agredir a manifestantes?

Lo mismo está ocurriendo en diversas partes del país, donde grupos de pobladores agreden diariamente a militares y policías, sin que éstos puedan defenderse. La orden presidencial es no reprimir al pueblo, y el mensaje que se ha entendido es de impunidad.

Las autoridades, federal y capitalina, confunden la aplicación de la ley y establecer orden y estado de derecho, con represión. No se puede llamar represión cuando se detiene a quienes actúan fuera de la ley. No se puede llamar represión cuando se evita que grupos provoquen desmanes y ataquen la propiedad pública y privada.

Los “cinturones de paz” violan la ley, los derechos laborales, y atentan contra la seguridad física de quienes son obligados a participar en ellos. No lo deseamos, pero no hay que tentar a la suerte arriesgando a quienes no tienen vela en ese entierro ni están deseosos de participar. Por el bien de todos, Sheinbaum debe recapacitar.