Como en las peleas callejeras, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dio un descontón, incluso antes de tomar posesión como mandatario, con el tema de las llamadas consultas populares. La más trascendental de las que ha llevado a cabo, fue la realizada hace casi un año, el 27 y 28 de octubre de 2018, para cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco.
A un año de su realización, el resultado de la consulta popular de octubre de 2018 no se ha podido concretar y la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que el gobierno de López Obrador fijó como opción a la cancelación del de Texcoco, sigue detenida, sin empezar. Para que se levanten las medidas cautelares que impiden el inicio de las obras en lo que hoy es la Base Militar de Santa Lucía, el Poder Ejecutivo aún debe tramitar dictámenes en materia de seguridad y viabilidad aeronáutica, además de que debe verificarse el impacto arqueológico y cultural que tendrá la construcción.
Hasta ahora, las once suspensiones concedidas en los juicios de amparo promovidos contra el aeropuerto de Santa Lucía no prohíben su construcción, sino que sólo la detienen mientras el gobierno federal muestre todos los permisos que son obligatorios para cualquier infraestructura aeroportuaria. Sin embargo, hay que considerar que esa es sólo una parte de las demandas de amparo presentadas por el grupo #NoMásDerroches, ya que en esos juicios también se está cuestionando ante el Poder Judicial de las Federación la legalidad de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Según ese colectivo, la sustitución de ese proyecto por el de Santa Lucía no resuelve el problema de saturación que ya existe actualmente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, por lo que se considera que lo que pretende hacer el gobierno federal representa un riesgo importante para la seguridad aérea.
Las presiones que el gobierno federal está imponiendo al Poder Judicial, y que incluso tienen que ver con los amparos que se han concedido para detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, no serían suficientes para echar a andar el proyecto. El punto más importante radica precisamente en el análisis sobre la legalidad de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
El gobierno de López Obrador arguye que la consulta popular realizada hace un año fue solamente para medir el sentir social sobre esa obra. Han pretextado que la construcción del aeropuerto en Texcoco estaba llena de corrupción, aunque no han podido mostrar un solo punto que lo confirme. También inventaron que la cancelación obedecía más a términos relacionados con el medio ambiente, pues se ponía en riesgo la viabilidad del lago “Nabor Carrillo”, lo cual resultó una falsedad.
La realización de consultas populares por parte del gobierno federal para la toma de decisiones trascendentes cumple un año, y ha dado cero resultados.
Actualmente, la Constitución aún señala que las consultas populares se sujetarán a ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, por el equivalente al 33% de los integrantes de la cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, o los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Además, sólo se consideran válidas si participa al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, y en ese caso sus resultados serán vinculatorios para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes.
Desde marzo pasado el gobierno federal busca modificar el artículo 35 de la Constitución sobre el tema de las consultas populares. Una minuta de Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Constitución en materia de Consulta Popular, aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de marzo de este año, fue remitida al Senado de la República el 19 del mismo mes y se encuentra pendiente en Comisiones. Ahí duerme el sueño de los justos. Al parecer, no es lo mismo realizarlas desde el marco de la ley, que fuera de ella.
