Para la llamada 4T, las leyes son buenas si le favorecen. Si no, le estorban. Y la prueba más reciente de ello es la que acaba de recetar en Baja California el gobernador electo Jaime Bonilla.
Aferrado a gobernar cinco años y no sólo dos, Bonilla ha impulsado distintas acciones que rayan en lo ridículo, y que si no fueran tan graves causarían risa. Y son graves porque denotan que a la llamada 4T y al lopezobradorismo no les importa pasar por encima de la ley y de las instituciones para obtener sus propósitos.
A Jaime Bonilla las instituciones consolidadas le han hecho saber que fue electo para gobernar sólo dos años. No obstante, él prefiere imponer, por encima de las leyes y de las instituciones, una consulta patito (¿o gansito?) que dio como resultado que el 84% de “el pueblo” de Baja California suplica que gobierne tres años más, es decir, cinco años en total.
Luego de que el Congreso local diera a conocer que por fin apareció en papel la ley aprobada por la mayoría de los diputados de Baja California para regalar a Bonilla tres años más de gobierno, todo parece indicar que dicha enmienda será publicada a la brevedad en el periódico oficial de la entidad, lo que daría pie a que cualquier instancia con capacidad jurídica para ello impugnara su constitucionalidad. De esa forma, el tema pasaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvería en definitiva si Bonilla gobierna dos o cinco años.
¿De verdad es necesario llegar hasta la Corte para definir el tiempo de gobierno de Jaime Bonilla? Parece que sí. ¿Es esta una prueba de la importancia de contar con una SCJN realmente independiente? También.
Ante todo este relajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado por que sea la Corte la que decida el término del bonillato. Nadie con sano juicio podría apostar que la SCJN actuará sólo con criterios jurídicos, después del apretón que le acaban de aplicar desde el gobierno federal y que llevó al ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a hacer polémicas declaraciones en las que dio a conocer supuestas presiones del expresidente Felipe Calderón. Queriendo quedar bien con el presidente López Obrador, Zaldívar sólo exhibió el entreguismo de la presidencia de la Corte, y por ende, la subordinación del Poder Judicial. Ahora ya no hay presiones a la Corte, pero ni falta que hace, parece decir.
Si la Suprema Corte avala un gobierno de cinco años en Baja California, el retroceso democrático e institucional sería grave, gravísimo. Pero al final de cuentas, al lopezobradorismo no le preocuparía. Por el contrario, le serviría para argumentar que Bonilla gobernaría por cinco años en apego a lo establecido por la Corte.
López Obrador le endilga a la Corte la decisión, y le ordena cargar con la pena y la deshonra. A López Obrador no le importa nada más que su voluntad se cumpla, y si en ello se lleva entre las patas a las instituciones, pues ni modo. Habrá quien diga que la Corte perdió credibilidad por las acciones cometidas por el ministro Eduardo Medina Mora, aún en investigación, pero a ellos habrá que recordar que una institución no la hace un hombre. Porque en todo caso a ellos habría que recordarles que la Presidencia alguna vez tuvo prestigio, y que poco a poco se fueron acotando las facultades que el presidente tiene hasta llegar a un sano equilibrio entre Poderes.
Hoy, ese equilibrio no existe, y las facultades metaconstitucionales del presidente están más vivas que nunca.
Ojalá la Corte nos haga quedar mal, y resuelva el caso Bonilla con criterios meramente jurídicos. De ser así, Jaime Bonilla gobernaría sólo por dos años y los mexicanos podríamos recuperar la esperanza de que en México la democracia tiene futuro.
