Lo ocurrido en Culiacán la semana pasada es gravísimo. No sólo por lo que ocurrió y por el resultado en términos de vidas humanas y heridos, sino porque se evidenciaron distintas situaciones en las que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe dar mayores explicaciones.
La primera explicación que dio el gobierno lopezobradorista fue falsa. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que el día de los hechos “una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y SEDENA se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento “Tres Ríos” de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda. El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó el control de la vivienda, localizando en su interior a cuatro ocupantes. Durante dicha acción se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Asimismo, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico. Con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense, los funcionarios del gabinete de seguridad acordamos suspender dichas acciones”.
En otro momento, Durazo también aseguró que en México no hay un “Estado fallido” pero que sí hubo un “operativo fallido”. Esta última declaración fue avalada por el secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval.
La primera declaración del secretario Durazo, a nombre del gobierno federal, está plagada de mentiras que posteriormente fueron aclaradas por el propio presidente López Obrador: no era un patrullaje de rutina, el operativo era para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien cuenta con orden de aprehensión. La detención del “Chapito” era con fines de extradición, por lo que es muy probable que haya sido solicitada por Estados Unidos.
¿Por qué mintió inicialmente Alfonso Durazo? ¿Qué intención tenía sembrar la versión de que era un patrullaje de rutina, en el que casualmente se toparon con Ovidio Guzmán? ¿Por qué decidieron cambiar la retórica oficial? Estas son dudas que debe aclarar el gobierno de México.
Posteriormente, la información dio un giro una vez que el presidente López Obrador informó que el operativo tenía la intención de detener a Ovidio Guzmán. En ese momento, el presidente decidió proteger a los miembros de su gabinete y asumió las responsabilidades con una versión en la que asegura que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán fue para salvar la vida de ciudadanos culiacanenses. De ahí no se ha movido un ápice, y esa es la versión que buscan posicionar como “histórica”. En posteriores eventos, sin conexión alguna con el tema de la seguridad, López Obrador ha repetido la misma versión para sembrarla en el colectivo, y sus miles de aplaudidores en las redes sociales y sus seguidores y afines replican la versión.
El mensaje que manda el presidente es que el Estado ha claudicado en su lucha contra el narcotráfico y que de ahora en adelante quien manda en México es el cártel de Sinaloa. No habrá captura de narcotraficantes en este sexenio, y de aquí a 2024 los líderes de los cárteles tienen carta de impunidad expedida y firmada por el presidente López Obrador.
En Badiraguato hubo fiesta. El cártel de Sinaloa festejó la liberación de Ovidio Guzmán, pero festejaron más por el anuncio presidencial.
Y hacen bien en festejar. Tienen buenos motivos: para sus intereses, lo mejor que pudo haber pasado es que López Obrador privilegiara su enfoque “humanista” y dejara trabajar libremente a los cárteles de la droga hasta 2024.
