Desde su llegada a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador dejó claro que una de sus principales estrategias de gobierno sería obtener el control total de las instituciones del país. En el caso del Poder Legislativo, los votos que recibió Morena en julio del año pasado fueron suficientes para que el partido del presidente tuviera la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Con ello, la tarea legislativa ha sido afín a López Obrador.

El presidente ha dedicado gran parte de sus esfuerzos políticos a obtener ese control en órganos autónomos y en instituciones independientes del Estado. Deshizo o impuso gente afín a él para dirigir la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el CONEVAL, entre otras. Ahora, con la llegada de Rosario Piedra Ibarra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podría asegurarse que muere y pierde autonomía un órgano vital en los contrapesos del gobierno.

La función de la CNDH es vigilar que el Estado no cometa abusos o violaciones a los derechos humanos, y en caso de que ello ocurra denunciarlo. La actuación de los últimos titulares de la CNDH fue incómoda para los gobiernos, y es injusto asegurar, como lo hace el presidente López Obrador, que la Comisión fue cómplice o permaneció callada ante violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.

Las acusaciones simplistas de López Obrador empañan la actuación de la CNDH, pero también ensucian la llegada de Rosario Piedra a la titularidad de la Comisión. Piedra Ibarra deberá mostrar que efectivamente es independiente de López Obrador si quiere, al menos, mantener el prestigio que su madre, doña Rosario Ibarra de Piedra, construyó a lo largo de décadas de lucha en favor de los derechos humanos y en contra de las desapariciones forzadas.

A Rosario Piedra no le ayudó que el presidente haya tirado línea públicamente para impulsar su candidatura. El presidente descalificó abiertamente a los otros dos candidatos que la acompañaban en la terna, y expresó que él prefería que la CNDH fuera presidida por alguien que hubiera sido víctima y que haya padecido en carne propia una violación a sus derechos humanos. Ese resultó ser un requisito que los otros dos aspirantes no portaban. Lo demás fue fácil: en el Senado operó la mayoría conformada por Morena y sus aliados, y Rosario Piedra obtuvo los votos necesarios para ser presidenta de la CNDH.

El gobierno de López Obrador cuenta ya con una CNDH aliada.

Hay otras instituciones que deben poner sus barbas a remojar, pues lo que sigue es el embate gubernamental para cooptarlas y hacerse de su control. Algo similar se verá seguramente en el INE, el INEGI y el INAI, órganos constitucionales autónomos que le pueden ser útiles al lopezobradorismo.

Perder la autonomía en estos órganos constitucionales es peligroso e implicaría un gran retroceso democrático y social. A nadie ayudaría que ello ocurriera, más que al gobierno. La llamada 4T alarga sus tentáculos y acaba con la autonomía de instituciones que se construyeron con mucho tiempo. Regresamos a los tiempos en los que el presidente era el Estado. Así le gusta gobernar a ya saben quién.