Dentro de nuestros principios y prácticas cotidianas se menciona de manera reiterada la importancia del papel del Estado como garante de principios constitucionales, primordialmente en lo relacionado con los derechos sociales y la responsabilidad atribuida al Estado de garantizarlos.
Esto lo repiten desde las autoridades federales, los representantes sociales, los diputados y diputadas y senadores y senadores, líderes de partidos políticos, quisiéramos suponer que principalmente los que se posicionan en el espectro ideológico político de izquierda, pero hasta los partidos de centro derecha y derecha se suben de manera reiterada a este dogma de la gratuidad en lo que tiene que ver con el cumplimiento de estos derechos.
En nuestra Constitución encontramos una estructura racional y lógica dentro de su integración y de acuerdo a los estudiosos en materia constitucional, tenemos una parte dogmática, una parte orgánica, reglamentaria, facultativa y en menor medida una proscriptica, que establece lo no en el comportamiento de un buen ciudadano mexicano.
La parte dogmática se encuentra en el Título Primero que cubre de artículo primero al artículo 34, donde se establecen principios irreductibles, pero no necesariamente son verdaderos, y que en muchos casos son principios aceptados sin consideración.
Se entiende que un dogma es “una proposición que se asume como principio innegable e irrefutable de una ciencia o doctrina”. Es decir, es el conjunto de principios jurídicos de un estatuto, de una constitución.
Dentro de estos se encuentra lo relativo con el principio de que La nación mexicana es única e indivisible, no discriminación, libertad de prensa, etcétera.
En el artículo tercero y cuarto se encuentran inmersos los derechos sociales y que a diferencia de los derechos humanos y políticos que se garantizan a partir de su reglamentación y en la práctica con instituciones que instrumentan su cumplimiento ante la exigibilidad de parte de la sociedad para su observancia y garantía.
Los otros derechos llamados DESC, derechos económicos, sociales y culturales, requieren una contraprestación para su garantía, por ejemplo, el derecho al trabajo, artículo 123, tiene que ser contra prestado con un salario o sueldo, que puede ser pagado por la sociedad cuando son empleados públicos, o por el sector empresarial, social o cooperativo, para el Comandante Supremo de la “cuatrote”, en este rublo se tienen que considerar sus becas y transferencias semi-condicionadas para los ninis “constructores de futuros”, mala idea.
La educación y salud requieren contraprestación por parte del gobierno en turno para poder garantizar este derecho, que de acuerdo a la parte dogmática de nuestra constitución tendría que ser gratuita, nada más falso, aunque lo repitan todos los días, el Senador Batres, o el camarada Noroña, o todos los integrantes de la “cuatrote”, y hasta los del PAN, MC, PRI, el PT y el Verde, no porque lo repiten hasta el cansancio es verdad.
Para el presupuesto 2020, se aprobó la friolera de seis billones de pesos o seis millones de millones de pesos y que se van a recaudar por la ley de ingresos de la siguiente manera: el 57 por ciento de los ingresos provienen de los impuestos que todos pagamos, de estos el 30% son del impuesto al patrimonio o al ISR, el otro 27 por ciento es de los impuestos al consumo, IVA y IEPS, el 16 % aproximadamente es de los ahorros del fondo de estabilización y desarrollo y de contratación de deuda interna del orden del 10 del ingreso total, el resto es de derechos y aprovechamientos que cobra en gobierno federal y el 17 % de los márgenes de operación de las Empresas Improductivas del Estado PEMEX y CFE.
Nada es gratis pues, de este ingreso del gobierno federal, financiado por todos y cada uno de nosotros, se va a destinar el 72% del este dinero para la operación del gobierno, nada gratis, para protección social de ese 72 %, se destina el 27% y para la gratuidad de la salud son 128,589.00 millones de pesos y a la gratuidad para educación se destinan 807 mil 305 millones de pesos, que estamos pagando todos y cada uno de nosotros.
Esto es importante aclararlo, para que cada vez que pidamos más derechos, recordar que requieren contraprestación del gobierno, tengamos claro que lo vamos a pagar todos, a través de impuestos o por las tarifas de pago de gasolina o de servicio de electricidad representado por el margen de operación de PEMEX o CFE, que en sentido estricto es un margen de utilidad o renta que se embolsa el ejecutivo federal para cumplir con sus mentiras y compromisos de campaña, no ahora, siempre.
Por eso nuestros adultos mayores o viejecitos como le dice AMLO con cariño, le dicen que es el hijo o nietecito que nunca tuvieron, porque les da dinero, dinero que también pagan cuando le compran dulcecitos y refresquitos a sus hijos o nietos que los llevan a hacer el súper en la COMER.
La garantía de los derechos sociales se logra por transferencias de recursos públicos hacia la población beneficiada, es decir recursos públicos para resolver o atender necesidades privadas, incluyendo los adultos mayores de 65 años, los estudiantes de todos los niveles educativos, los reforestadores, becas para ninis y aprendices, siervos de la nación, guardia nacional y etcétera, de toda esta fauna neo-corporativa de la 4t y todos los servidores públicos y que son los nuevos acarreados de la cuatrote, que no se engañe el presidente:
“Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”,
Don César Garizurieta, alias “El Tlacuache”.
