Una nueva guerra petrolera protagonizada por la OPEP y Rusia, por desacuerdos en los topes de producción ante la baja demanda derivada del brote del coronavirus, está poniendo en jaque a la economía mundial.
Para el caso específico de México, la caída de los precios del petróleo durante el fin de semana pasado provocó una venta masiva del peso por parte de especuladores con el objetivo de evitar mayores pérdidas por contratos futuros que apostaban por un incremento de la moneda mexicana, que cayó 10% frente al dólar. Un panorama así no se veía desde octubre de 2008, con la quiebra del banco estadunidense Lehman Brothers, que marcó el inicio de una gran recesión mundial.
El peso no es la única moneda que registró depreciación en la región, pero sí parece ser la más afectada por su nivel de liquidez en los mercados financieros.
Con ese panorama, lo que sigue es tomar acciones inteligentes, prudentes y apegadas al librito con el que se conduce la economía mundial en tiempos neoliberales. No hay más. El gobierno mexicano tiene ante sí el reto de sortear la crisis dejando de lado la ideología y las ideas setenteras, ajustándose a los nuevos tiempos y las políticas globales probadas. Actuar de manera distinta pone en riesgo a la economía del país, y el futuro de millones de mexicanos.
Sin embargo, esa parece ser la mala noticia. El gobierno mexicano no ha actuado con inteligencia. Si bien es cierto que los ingresos petroleros de México están cubiertos con los seguros contratados en el mercado internacional, lo cierto es que esos recursos sólo podrían disponerse hasta el próximo año. El pago de estos seguros no es inmediato, y sólo podrán reflejarse el año siguiente.
El programa de coberturas petroleras se ha contratado por varios años, y tiene el objetivo de garantizar que el gobierno cuente con los recursos establecidos en el programa presupuestal. Es una práctica iniciada en gobiernos neoliberales, pero que funciona también en gobiernos populistas.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo la tentación de no adquirir el seguro por caro. Entre los argumentos que se plantearon para no adquirirlo fue que el dinero podía ocuparse en “otras cosas”. Sin embargo, el tiempo le dio la razón a la previsión y hoy se puede hacer uso del seguro.
Lo que sí se ha visto afectado en este gobierno es el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), creado en el año 2000, a efecto de “atenuar el impacto de cambios en el nivel de los ingresos públicos derivados de movimientos abruptos en los precios internacionales del petróleo”. O sea, fue creado para usarse en momentos como el actual.
No obstante, en 2019 la Secretaría de Hacienda hizo uso del FEIP “para compensar el faltante de ingresos presupuestarios”. Se tomaron 121 mil millones de pesos de ese Fondo, de los 296 mil 314 millones de pesos disponibles, para financiar programas sociales. Es decir, en un año el gobierno se acabó casi la mitad de lo que costó 19 años construir.
Con ello, hoy la capacidad de respuesta del gobierno frente a una crisis como la actual se encuentra disminuida sensiblemente. “El Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros tiene como objeto contribuir a que exista estabilidad en la fuente de ingresos del Gobierno Federal, a fin de evitar que la volatilidad de los precios internacionales del petróleo provoque ajustes y reasignaciones que afecten la ejecución de los programas prioritarios aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente”, señala claramente el Diario Oficial de la Federación.
Como en muchas otras cosas, lo que dice la ley le valió cacahuates al presidente López Obrador. Hoy sale el mandatario a presumir que la economía está blindada, cuando claramente tiene un tremendo boquete.
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, tiene claro lo que se debe hacer. El problema es que lo dejen hacerlo.
En entrevista aseguró que en el contexto económico actual es necesario que el gobierno acelere el gasto gubernamental y que éste funcione como un estímulo, y no pensar por ahora en recortes presupuestales.
El problema también está en que el país tiene hoy poco margen para mantener los programas sociales y estímulos fiscales sin aumentar deuda, pero difícilmente alguien convencerá al presidente de que los programas sociales consumen una gran parte de los recursos presupuestales sin generar, y ello no es conveniente en momentos en los que se requiere incrementar la inversión.
El año pasado, la economía nacional entró en una leve recesión y cayó 0.01%, afectada por un desplome en la inversión tanto del gobierno como del sector privado.
En este contexto, la buena noticia es que el próximo año se contará con los recursos provenientes del seguro petrolero. La mala es que el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros ya sólo es de 150 mil millones de pesos. Y la peor es que no se ve que el presidente esté convencido de bajarle recursos a los programas sociales y a retomar criterios y políticas públicas que dieron resultados en el pasado. El gobierno de México privilegiará la ideología, aunque el país se vaya al caño.
