Como se preveía, en la consulta que se llevó a cabo este fin de semana en Mexicali para que la sociedad opine si debe continuar o si de debe detener la instalación de una mega planta cervecera de la empresa Constellation Brands triunfó abrumadoramente el no.

El centro de la disputa es el agua. Vecinos de la localidad protestan por la construcción de la planta argumentando que consumirá una alta cantidad de agua. Por su parte, la empresa Constellation Brands argumenta, con documentos públicos, que el agua que consumirá la nueva planta en Mexicali representa sólo el 2.6% del total de los recursos hídricos que consumen las empresas en esa entidad: alrededor de siete millones de metros cúbicos anuales. Otras empresas, como SuKarne y Heineken, consumen mucha más agua: la primera, 252 millones de metros cúbicos anualmente y la segunda aumentará a 10 millones de metros cúbicos su requerimiento de recursos hídricos debido al incremento de su planta en un 25 por ciento.

Además, la empresa Constellation Brands cuenta con los permisos ambientales y legales para la construcción de la planta, que tiene un avance de cerca del 70%, y en la que ya se ha invertido cerca de 900 millones de dólares. La inversión final estimada es de 1,600 millones de dólares en una obra que se prevé genere 3 mil 200 empleos directos e indirectos.

Constellation Brands es una compañía líder internacional en producción y comercialización de cerveza, vinos y licores con operaciones en Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, Italia y Canadá. En 2013, Constellation Brands adquirió un compromiso con México de invertir más de 4 mil 500 millones de dólares en el país.

Ni los datos anteriores, ni la legalidad, ni el hecho de que cuenta con todos los permisos para la construcción de la planta son suficientes para permitir su instalación. El gobierno federal apoyó las protestas de los vecinos y promovió una consulta popular para decidir si se permite o no la continuación de la obra.

Se preveía que en la consulta triunfara el no, porque en realidad el gobierno federal no apoya el proyecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará el resultado y señalará que el pueblo de Mexicali decidió que la obra no debe continuar. Y como el pueblo es sabio, pues hay que hacerle caso.

En los hechos, al igual que con el aeropuerto de Texcoco, el gobierno de México vuelve a interrumpir y cancelar una obra con un importante avance. Al presidente López Obrador no le interesa la legalidad ni el mensaje de incertidumbre que su gobierno envía a la iniciativa privada nacional e internacional. Ninguna empresa se arriesgará a invertir en México con el riesgo de que a la mitad de la obra el gobierno les diga que siempre no y les cancele todo. En un momento como el actual, en el que es necesario empezar a tomar acciones para afrontar la inminente recesión mundial, generar incertidumbre en el país es la peor estrategia.

Los organismos que agrupan al sector empresarial en México han protestado. El Consejo Coordinador Empresarial calificó de irregular la consulta popular y alertó que este proceso atenta contra la capacidad de atraer inversiones al país.

La Confederación de Cámaras Industriales calificó como imprudente el proceso de la consulta para suspender una inversión privada casi finalizada.  “La realización de un ejercicio de consulta ciudadana para determinar la viabilidad de un proyecto de inversión privada que cuenta con todos los permisos es violatoria del marco legal vigente y genera un entorno de incertidumbre jurídica en México, estableciendo una grave señal negativa para la inversión tanto nacional como extranjera”, resaltó.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos, expresó que López Obrador “está cruzando la raya en posibilitar la entrada de una inversión al país. Es un claro golpe al Estado de Derecho que no debe ocurrir en una época donde existe poca confianza en México”. Añadió que “más allá de la importancia de la empresa, más allá de que es la inversión más importante en los últimos 40 años en Baja California, lo inaudito, lo insólito, lo que jamás había ocurrido -habíamos visto que este gobierno convocara a consultas para continuar o no con obras públicas, esto lo hemos combatido y cuestionado-, pero ahora se está cruzando la raya roja en el sentido de posibilitar que una inversión legal en proceso, que tiene las autorizaciones, se someta a un instrumento como la consulta popular. Lo que no se puede hacer es que asuntos de carácter privado puedan ser, de un día para otro, cancelados con una decisión de carácter populista”.

El presidente López Obrador no ha entendido la importancia de la obra pública y privada. Para este año, de cada 100 pesos que el gobierno federal pretende destinar a la inversión en obra pública, 50 serán para PEMEX y sólo 3 pesos serán para salud, 2 para educación y 43 centavos para agua. El gobierno no invierte en obra y tampoco permite la inversión privada productiva.

Este coctel es un mal presagio para el futuro inmediato económico del país, sumido en una recesión desde al año pasado que se agravará por los temas ya conocidos en este 2020. Si parte del remedio era la inversión, el gobierno de la 4T decidió cancelar esa vía.

El populismo es enemigo de la inversión privada. En México también se ha enemistado con la inversión pública. Parece estar resuelto a acabar con el país. Si es así, ahí la lleva.