Manuel Bartlett Díaz, y su hijo León Manuel Bartlett Álvarez, caminan en terreno firme en el actual gobierno. Por lo que se ha visto, tienen vía libre y carta blanca para transitar sin tener que dar explicaciones por los negocios que les han aparecido y que no huelen nada bien.

Bartlett Díaz tiene una amplia trayectoria política. Militó en el Partido Revolucionario Institucional, fue secretario de Gobernación, secretario de Educación Pública, gobernador de Puebla y senador de la República. También fue director general de Gobierno en la secretaría de Gobernación, de 1970 a 1976, cargo con el que también ocupó, ex officio, la secretaría de la entonces Comisión Federal Electoral. Bartlett Díaz fue coordinador general de la campaña de Miguel de la Madrid, y durante el gobierno delamadridista fue secretario de Gobernación.

Bartlett Díaz cargó con el episodio de la “caída del sistema” de 1988, por el que se cuestiona el triunfo legítimo de Carlos Salinas de Gortari y abrió la duda de la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas, lo que habría significado el primer gobierno de izquierda de la historia del país. Durante muchos años el opositor Andrés Manuel López Obrador cuestionó la actuación de Bartlett y lo culpó del fraude electoral de 1988.

Mucho se ha hablado del tema, pero lo que aún no se explica es por qué López Obrador ha perdonado a Bartlett Díaz y dejado atrás ese episodio histórico en la vida política nacional.

La actuación política de Bartlett también ha caminado por caminos turbios. Como cabeza de la Dirección Federal de Seguridad de diciembre de 1982 a mediados de 1985, desde la Secretaría de Gobernación, el político poblano también se vio envuelto en polémicas actuaciones.

La DFS reventó en 1985 por las denuncias periodísticas de que su titular, José Antonio Zorrilla Pérez, había sido el responsable del asesinato del columnista Manuel Buendía en mayo de 1984, pero sobre todo por las revelaciones en 1985 del entonces embajador de Estados Unidos en México, John Gavin, de que la DFS protegía a las bandas de narcotraficantes más importantes de ese momento, sobre todo las de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca “Don Neto”, y Rafael Caro Quintero, sentenciados por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar.

Versiones periodísticas señalan que en diciembre de 1983 Zorrilla Pérez acudió a las oficinas de Proceso, por instrucciones directas de Bartlett Díaz, y amenazó de muerte al director de la revista, Julio Scherer García, si se atrevía a publicar un reportaje sobre el uso de policías mexicanos para rescatar, por indicaciones del propio secretario de Gobernación, a una sobrina suya retenida por una secta religiosa en Venezuela. Por el tono de las amenazas, Scherer censuró la publicación. Los hijos del periodista fallecido conocen la historia.

La apertura de archivos del CISEN propuesta por López Obrador podría aclarar el asesinato de Buendía en 1984, por el cual fue acusado Zorrilla Pérez, cuando las evidencias señalaban que él no había sido el operador, pero sí fue comisionado para desvirtuar la investigación. Salinas de Gortari encarceló a Zorrilla en 1989, acusado por entorpecer la investigación. En 1989, Bartlett Díaz era secretario de Educación del gabinete salinista y mantenía con él los secretos del fraude electoral de 1988.

Más recientemente, ya en el gobierno de López Obrador, Bartlett Díaz fue señalado el año pasado por una investigación de la periodista Areli Quintero, publicada en el portal de noticias del también periodista Carlos Loret de Mola, de no haber manifestado en su declaración de situación patrimonial el verdadero monto de su fortuna. El hoy director de la Comisión Federal de Electricidad evitó informar que su fortuna es 16 veces mayor a los 51 millones de pesos que reportó.

Bartlett Díaz no manifestó en su declaración estar vinculado directamente y a través de familiares a 12 empresas, dos de las cuales con contratos en la pasada y en la actual administración federal. Tampoco dijo que en su haber figuran 23 propiedades, algunas de ellas a nombre de su pareja sentimental, Julia Abdala, y de su hijo León Manuel.

Tras una investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública, Bartlett fue exonerado con ridículos argumentos, lo que dejó ver que el gobierno de López Obrador le ha tendido el manto de protección.

Ese manto también parece cubrir a León Manuel Bartlett. Otra investigación periodística, ahora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, detectó que la delegación del IMSS en Hidalgo asignó a la empresa Cyber Robotics Solutions, de Bartlett Álvarez, un contrato por 31 millones de pesos por la adquisición de 20 ventiladores respiratorios, por lo que cada equipo tuvo un costo promedio de un millón 550 mil pesos, el precio más alto pagado por ese equipo. De hecho, el 17 de abril la misma delegación del IMSS en Hidalgo pagó 880 mil pesos a otro proveedor, Conduit Life, por un ventilador de características similares, pero importado de Eslovaquia.

El 27 de marzo, el presidente López Obrador firmó un decreto para que el gobierno federal pudiera adquirir de manera directa y sin licitaciones equipo médico, debido a la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus.

El 16 de abril, la jefatura de servicios médicos del IMSS, mediante oficio, solicitó realizar el proceso de contratación toda vez que los ventiladores “eran un bien indispensable para brindar atención médica a los derechohabientes”. Sólo un día después, el 17 de abril, tras analizar las propuestas económicas, determinó que Cyber Robotics Solutions suministraría los ventiladores para el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 1 de Pachuca, Hidalgo. De igual forma, adjudicó a otra empresa llamada Conduit Life un contrato por dos ventiladores respiratorios, cada uno con un costo unitario de 880 mil y un millón 110 mil pesos, respectivamente.

El IMSS ha justificado la compra argumentando que Cyber Robotics Solutions garantizaba la entrega inmediata, aunque entre los proveedores de equipos médicos es conocido que en esas fechas los ventiladores respiratorios se adquirían de manera inmediata en el mercado mexicano.

El apellido Bartlett tiene un manto protector. Hay dos versiones que en medios circulan sobre la redención del apellido Bartlett: una es que su pasado de vínculos con fraudes electorales, relaciones con grupos de la delincuencia organizada y vínculos con crímenes en contra de periodistas haya sido olvidado porque desde 2006 se convirtió en crítico de las políticas energéticas neoliberales, y ello le haya valido para congraciarse con López Obrador, que se asume como conocedor del tema y adorador de las políticas ideológicas que ponen al petróleo como el centro de la economía del país

La otra versión, más atrevida, es que López Obrador exoneró a Bartlett de sus “pecados” por la información que pudo acumular en su paso por las cañerías del antiguo régimen, y que pudiera comprometer a muchos ex priístas que ahora militan en la llamada 4T. Lo que es cierto, es que el apellido Bartlett resta más de lo que aporta a esa llamada 4T.