El Consejo de Salubridad General ha iniciado ya la reapertura gradual de las actividades en el país. Esas parecen ser buenas noticias. Parecen, porque no se confirmará que sean buenas sino hasta comprobar que no haya un rebote en los niveles de contagio y que aquellos municipios que retornen a la normalidad se mantengan alejados del coronavirus. Que así sea.

Sin embargo, al mismo tiempo que el gobierno planea ya el retorno a lo que será una nueva realidad, la pesadilla económica se robustece y presenta ya una cara que debería preocupar a las autoridades. De acuerdo con los datos proporcionados por el IMSS, en abril se perdieron 555 mil 247 empleos formales en México, que sumados a los 130 mil 593 que se perdieron en marzo suman ya 685 mil 840 en tan sólo dos meses.

Esos empleos son sólo los formales. Hay muchos más en el sector informal que también se han perdido y que aún no han sido contabilizados. A este ritmo, es muy probable que al término de mayo el número de plazas formales perdidas sea cercano al millón. Un millón de empleos representa a un millón de familias que tendrán que buscar una fuente de ingresos en un país convulsionado, en crisis, con niveles de crecimiento bajo cero y con un gobierno que se niega a apoyar al sector formal de las micro, pequeñas y medianas empresas, que genera el 78% de los empleos, con el argumento de “que no habrá rescates” y bajo la advertencia a las empresas de que asuman su responsabilidad en casos de quiebras.

La crisis por el coronavirus es la más grave desde la gran depresión de la segunda década del siglo pasado. En México, durante la crisis de 1995, aquella derivada de una gran salida de capitales provocada por el llamado “error de diciembre”, en el que los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo comparten culpas, en abril se perdieron 184 mil 886 empleos formales. En la otra gran crisis, la de 2009, también en abril se perdieron 60 mil 218 empleos formales.

Nunca en la historia de México se habían perdido tantos empleos como ha sido en el periodo marzo-abril, y falta aún mayo, de este año. Además, el propio IMSS informó que en el mes de abril registró la baja de 6 mil 689 patrones registrados. Es decir, más de seis mil empresas cerraron sus puertas, y por supuesto, sus empleados perdieron sus trabajos.

No hay nada peor para un padre trabajador, o para una madre trabajadora, que no tener ingresos para dar a su familia y satisfacer los más básicos requerimientos. Eso está ocurriendo hoy en cerca de 700 mil hogares, cuyos jefes de familia se sumaron al desempleo. Ahí radica la importancia de establecer de manera urgente un plan de reactivación de la economía.

La pesadilla se agrava con el dato que dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que mide la pobreza y evalúa los programas y políticas sociales del gobierno federal: se prevé que en los dos primeros trimestres del año la pobreza laboral aumente a 45.8%.

También consideró que la pobreza por ingresos este año se incrementará entre 6.1 y 10.7 millones de personas, que se sumarían a los 60 millones de 2019. La crisis derivada del coronavirus hará pobre y vulnerable a gente que no lo era, y revertirá los avances en desarrollo social obtenidos durante la última década.

El gobierno de México ha adelantado que en sectores como el de la construcción, la minería y el automotriz reiniciarían de inmediato sus actividades. Es una buena noticia, pero no será suficiente.

Lo que es claro es que la economía informal, que en 2018 aportó 22.5% del PIB de México, crecerá de manera importante ante la escasez de plazas formales en el país. De la población ocupada en México, 56.7% lo está en el sector informal, mientras que 43.3% se ubica en el sector formal, que produce el 77.5% del PIB.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece haber concluido. Su capacidad de influencia popular se verá tremendamente disminuida a consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19. Como respuesta, también se puede prever un incremento de sus programas sociales, que consisten en entregar dinero de manera directa a beneficiarios que se traducen en votos potenciales a su favor.

La pesadilla económica apenas empieza. De la actuación gubernamental depende, en gran medida, qué tan larga sea.