La Secretaría de la Función Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para crear una figura que, entiendo, buscan involucrar a los servidores públicos en el proceso de detección y seguimiento de actos de corrupción que se susciten al interior de la Administración Pública.

Con la creación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción -sólo faltó que le agregaran “para el bienestar”, como acostumbra este gobierno con los nombres de todas las nuevas instituciones creadas en la administración-, la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, busca que los propios servidores públicos denuncien actos de corrupción de los que sean testigos.

Los “alertadores” creados por la Función Pública avisarían a una Coordinación General, mediante una alerta, en una plataforma digital diseñada para este fin. Supuestamente, el alertador, que será anónimo, “proporcionará información sobre actos que se hayan cometido, se estén cometiendo o sea probable que se cometan por servidores públicos, respecto de presuntos actos de corrupción”.

Incluso, si el alertador pretende una compensación económica por su información, “la Coordinación General le orientará y en su caso canalizará a las instancias competentes”.

En síntesis, lo que la Función Pública plantea es que todos vigilen a todos en la Administración Pública, y que aquellos que queden “fuera de la jugada” en algún supuesto acto de corrupción tengan la oportunidad de denunciar, e incluso de obtener una ganancia por hacerlo.

Sin embargo, la Función Pública no está considerando que un estimulador principal para que el ciudadano realice una denuncia es la garantía de que no habrá impunidad, o al menos de que se llevará a cabo una investigación seria que arroje resultados inobjetables sobre la culpabilidad o no en actos de corrupción.

Una de las principales razones por las que el ciudadano no acude a un Ministerio Público para levantar la denuncia de un delito es la desconfianza en el sistema judicial. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, realizada por el INEGI, durante 2018 se denunció e inició averiguación previa o carpeta de investigación sólo en el 6.8% del total de los delitos. En el 93.2% de los casos no hubo denuncia o no se inició la carpeta de investigación pertinente.

El ciudadano que denuncia debe tener la confianza de que la autoridad actuará. En México es preocupante que los ciudadanos no tengamos confianza en denunciar un delito por el temor de ser victimizados, o hasta implicados; por temor a que nos extorsionen o que sólo sea una pérdida de tiempo.

Si denuncias públicas sustentadas, como las hechas en contra de Manuel Bartlett o de Ana Gabriela Guevara, hubieran derivado en sanciones los ciudadanos tendrían mucha mayor confianza en la utilidad de denunciar. Si los mexicanos hubiéramos conocido la realidad en torno a la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, la confianza ciudadana hacia su gobierno y las acciones contra la corrupción hubiera crecido de manera importante.

Si las relaciones sospechosas entre el gobierno federal y las empresas de Ricardo Salinas Pliego fueran, al menos, motivo de una investigación los ciudadanos entenderían que la lucha contra la corrupción en el país va en serio.

Si las Fuerzas Armadas no hubieran liberado a Ovidio Guzmán e Culiacán y el presidente no hubiera saludado de mano a la mamá de “El Chapo” Guzmán en un evento semipúblico -o semiclandestino-, los mexicanos no pensarían que el gobierno federal está coludido con el cártel de Sinaloa.

Para nadie pasa desapercibido que el actual gobierno basa su llamada lucha contra la corrupción en actos de intimidación. La unidad de Inteligencia Financiera figura como el brazo ejecutor que congela cuentas bancarias a quien públicamente sea tachado de corrupto. De esa manera un empresario, por ejemplo, duda diez veces antes de levantar la voz en contra del régimen y sus políticas públicas que asfixian la economía nacional. Y duda diez veces más antes de señalar a funcionarios del régimen que, como Bartlett, pongan en riesgo el presente y el futuro económico del país.

O ¿qué servidor público se va a negar a firmar la carta en la que “voluntariamente” renuncia a su aguinaldo y “solicita” le sea reducido el sueldo hasta en 25%?

El Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción puede estar bañado de buenas intenciones, pero no deja de ser una herramienta para atajar la corrupción por encimita. El servidor público denunciará a su compañero por robarse unos lápices o el papel de baño de la oficina, y ese sí será sancionado. Pero ello no acabará con la corrupción. Vamos, ni siquiera la disminuirá.

Los verdaderos negocios y la verdadera corrupción se registran en las altas esferas. Ahí es a donde debe apuntar la Función Pública si de verdad quiere atajar la corrupción en el país. si no es así, todo lo demás es accesorio y mero maquillaje.