Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le simpatizan los órganos autónomos creados en lo que él llama la etapa neoliberal de México (1988-2018), porque, de acuerdo con lo que él mismo ha señalado, se crearon “para emplear a amigos y a familiares”, “para disfrazar la corrupción” o para “simular y cooptar”.

Sin embargo, el principal argumento que esgrime el mandatario es que son costosos. No es un argumento consistente, pues en la reciente polémica por la invitación del CONAPRED a Chumel Torres para participar en un foro, el mandatario primero dijo que el organismo tenía una estructura costosa, por lo que debería desaparecer, y al final terminó aceptando la renuncia de la titular y anunciando que en su lugar propondrá a una mujer indígena “porque los más humillados de México y los que han padecido más el racismo en México han sido los indígenas”. Como si la discriminación fuera un asunto de revanchas. “Lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto”, dijo de Mónica Maccise, la hasta hace unos días titular del CONAPRED, cuya labor fue respaldada y reconocida por diversas instituciones y personalidades.

Pero a López Obrador no le interesa el CONAPRED, ni la Comisión Federal de Competencia Económica, ni la Comisión Reguladora de Energía, ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El verdadero interés del presidente está en el Instituto Nacional Electoral (INE), que considera clave para afianzar su proyecto.

Del INE, el presidente ha dicho que es el “aparato de organización de elecciones más caro del mundo”, y que pese a ello “nunca garantizaron elecciones limpias”. “Nosotros triunfamos porque era imposible hacer un fraude, pero en las elecciones anteriores lo permitió. Un día vamos a presentar la estructura del INE y lo que cuesta. Buscaremos reajustar las estructuras, que no haya duplicidades”.

Todo ello, antes de afirmar que se convertirá en “guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos para elegir a sus autoridades”. Es decir, busca ser él quien vigile las elecciones, relevando de ese papel al INE.

López Obrador justifica sus ambiciones de poder y de cooptación con argumentos muy básicos.

Los procesos electorales actuales en México están diseñados para que la participación ciudadana sea la garante de la legalidad en cada elección. Son los ciudadanos, funcionarios de casillas, quienes vigilan junto con los representantes de cada partido político, que cada persona que acude a votar esté registrada en el padrón electoral y, por tanto, tenga derecho de emitir su sufragio.

Al cerrar las casillas, son los mismos ciudadanos los que cuentan los votos que obtuvo cada candidato. Se llena un acta, que tiene varias copias. Una de éstas sirve para el PREP, con lo que se tiene un resultado rápido y confiable de la elección. Los ciudadanos participan activamente en todos los procesos de la elección. En realidad, ¿qué podría hacer el presidente para vigilar una elección y que ello garantizara la confiabilidad del proceso electoral? Nada, absolutamente nada.

Lo que sí podría hacer el presidente al asumirse como “guardián de la elección” es inmiscuirse en la elección, lo que representa un delito. Como López Obrador tiene distorsionado el concepto de delito -de tal forma que si lo comete alguien que no es cercano políticamente a él es condenable, pero si quien lo realiza es cercano suyo no hay nada qué perseguir-, lo más probable es que su deseo de intervenir en el INE tenga que ver con su intención de incidir en la elección de 2021.

Preparémonos, pues, para ver a un presidente descalificando al árbitro electoral y a candidatos de partidos distintos al suyo, apoyando a Morena y a sus candidatos, con tal de garantizar la mayoría en la Cámara de Diputados y ganar el mayor número de gubernaturas posible.

Preparémonos para ver a un presidente haciendo abierta campaña electoral, ignorando llamados a comportarse de acuerdo con lo que establece la ley electoral, condenando a candidatos de otros partidos y alentando a los suyos a ignorar de igual forma la ley. Nada los detendrá.

Por eso López Obrador busca el control del INE. Para obtenerlo hará cualquier cosa. No es lo caro, no es que haya permitido fraudes, no es que no sirva. Es, simplemente, que necesita tener el control del INE. En eso enfocará sus esfuerzos de los siguientes meses.