Lamentablemente para sus familiares, la muerte de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, es usada por el gobierno de la República y por la Fiscalía General de la República con fines políticos de terrible vileza.

En días recientes, el fiscal Alejandro Gertz Manero declaró que “se acabó la verdad histórica” del caso Ayotzinapa, en clara alusión a la frase del entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien de esa manera daba por sentado lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, y la madrugada del 27, en Iguala, Guerrero.

De acuerdo con esa verdad histórica, en resumen, la noche del 26 de septiembre de 2014 los estudiantes secuestraron varios autobuses con la intención de viajar en ellos hacia la Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre. Los estudiantes en los autobuses fueron interceptados y detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula quienes, por razones no muy claras, los entregaron a miembros del cártel “Guerreros Unidos” quienes los asesinaron. Este mismo grupo delincuencial habría arrojado los cuerpos al basurero de Cocula, los habría incinerado y posteriormente habría arrojado los restos al río San Juan.

Algunos restos humanos fueron hallados en el basurero y en el río San Juan, y fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, Austria, para su análisis de ADN. En diciembre de ese año la Universidad de Innsbruck confirmó que unos restos de entre los que recibió corresponden a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Posteriormente, en septiembre de 2015, la misma institución identificó los restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz, otro de los estudiantes de Ayotzinapa.

Hasta ahora, ellos dos son los únicos jóvenes de entre los 43 desaparecidos identificados con evidencia científica por una institución de prestigio. Una de las grandes dudas que generó la llamada “verdad histórica” es el paradero de los otros 41 jóvenes desaparecidos.

Por supuesto, la politización de los grupos que en ese tiempo eran opositores al gobierno no se hizo esperar. El sacerdote Alejandro Solalinde, cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, sugirió que los estudiantes fueron incinerados “en los hornos crematorios del 26 Batallón de Infantería del Ejército en Iguala”. Por su parte, la actual directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, NOTIMEX, Sanjuana Martínez, aseguró en un tuit publicado en su cuenta personal que “Jóvenes de Ayotzinapa fueron quemados vivos en los hornos de una fabrica (sic) de Bimbo”. De igual forma, el productor de narcoseries y de propaganda lopezobnradorista, Epigmenio Ibarra, convoca todos los días a un “pase de lista” de los 43 estudiantes.

El propio presidente López Obrador ha sugerido que su gobierno dará con los cuerpos o los restos de los estudiantes, e investigará “la verdad” de lo que ocurrió en septiembre de 2014.

Estas versiones, como varias otras divulgadas por personas que hoy forman parte de la administración federal, o son cercanas a ella, tenían la intención de posicionar en la opinión pública la idea de que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, perpetrado por órdenes de muy altos funcionarios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La versión tuvo cierto éxito, pues hay sectores de la población que hoy creen que los estudiantes normalistas fueron asesinados por órdenes de Peña Nieto.

En realidad, el gobierno de Peña Nieto no atinó a realizar un manejo eficiente de la comunicación sobre el tema, lo que ocasionó que el expresidente hoy cargue con el estigma. Peña Nieto nunca supo cómo el tema escaló desde el ámbito municipal hasta el presidencial. Tampoco supo cómo actores políticos como el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, tienen mucha menos responsabilidad histórica que él.

Los padres y familiares de los normalistas albergan esperanzas de que algún día se conozca la verdad. Ellos desconfían de la versión oficial. La nueva versión que ofrecerá la Fiscalía General de la República a cargo de Gertz Manero no estará muy distanciada de la que presentó Murillo Karam. En realidad, no hay mucho margen para variar la versión.

El relato que puede entregar José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, detenido recientemente, es fundamental. Está señalado como quien ordenó el asesinato de los 43 jóvenes. “El Mochomo” llevaba prófugo seis años y la Fiscalía General de la República tiene ahora la gran oportunidad de destrabar la investigación. Las recientes declaraciones de Gertz Manero indican que el sesgo político está latente.

La “nueva verdad histórica” se podría conocer pronto. Habrá que ver qué tan distante es de la versión anterior. Por lo pronto, Tomás Zerón de Lucio, quien llevó a cabo la investigación del caso en el gobierno anterior, ya se encuentra prófugo y es buscado por la Interpol.