Imagine usted, estimado lector, la siguiente situación:

Usted es un padre o madre de familia con un trabajo digno, formal, honrado y con prestaciones institucionales. Su desempeño laboral ha sido intachable, tanto por su honestidad como por su efectividad y eficiencia en el trabajo.

Su sueldo, hasta noviembre de 2018, le permitía pagar la hipoteca de la casa -de la que aún le quedan dos o tres lustros para liquidarla-, pagar la manutención que significa la alimentación, la colegiatura de sus dos hijos; los gastos fijos como el pago de la luz, el agua, el impuesto predial.

Además, su sueldo le alcanzaba para salir un par de fines de semana al mes a comer fuera de casa, ir al cine con la familia, comprar ropa o zapatos cuando hacía falta, y también para pagar algunos gastos médicos eventualmente. Su sueldo le alcanzaba también para ahorrar un poco.

Así, con ese estilo de vida, transcurrieron dos o tres décadas. Usted y su familia se acostumbraron a ese ritmo de vida y se sentían orgullosos de su trabajo honesto y bien remunerado.

Un día, sus jefes le dieron una mala noticia: habría un recorte de sueldo de aproximadamente 20%. A usted le dijeron que el dinero que se obtendría por ese recorte serviría para ayudar a mucha gente que lo necesitaba. Permitiría adquirir medicamentos para pacientes de enfermedades graves, mejorar el sistema de salud nacional, construir obras que permitirían el desarrollo del país, entre otras muchas cosas de beneficio colectivo.

Como, además, de manera paralela se acabaría la corrupción en el país, habría otros ahorros más que se sumarían a los recursos que a usted y a sus compañeros de trabajo les descontarían.

Con el paso de los meses, ese recorte en su salario le pegó a su estilo de vida. En vez de dos veces al mes, ahora sólo podía comer fuera de casa en una ocasión. Las idas al cine se recortaron, y los ahorros empezaron a disminuir.

Usted, por supuesto, empezó a tomar medidas cada vez más drásticas: le bajó el monto a la despensa del mes, dejó de comprar ropa y zapatos para su familia, y pensó en vender su coche y moverse en el transporte público. El pago de la hipoteca empezó a pesar.

Después vino el encierro provocado por la pandemia del coronavirus. En su trabajo le advirtieron que era probable que hubiera un nuevo recorte a su sueldo.

Como usted actualmente realiza home-office, un día le pidieron que regresara la laptop que se había llevado a su casa para trabajar. Le informaron que en su oficina ya nadie tendría una computadora para uso personal, y todo el equipo sería compartido, a menos que pagara cuatro mil pesos para adquirir la exclusividad del uso de su equipo. ¿Es en serio? ¿Debo ahora ir a casa de mi compañero para trabajar en la computadora, o ellos vendrán a la mía? Eran preguntas válidas y lógicas que usted se planteó.

Con la pandemia ya encima, sus jefes también habían anunciado que usted y muchos otros compañeros de trabajo tendrían otro recorte a su salario y que, además, ya no cobrarían aguinaldo a finales de año. El recorte a su sueldo sería de aproximadamente 20%, con lo que en total su sueldo se había visto reducido en cerca de 35% en menos de dos años. Sin aguinaldo, ahora se ponían en riesgo los adelantos que hacía a la hipoteca, el austero viaje de descanso que pagaba con una parte, y hasta los detalles que compraba para su familia en las fiestas navideñas.

Su decepción estaba llegando al límite. Su nivel de vida se había deteriorado en niveles de riesgo. Su sueldo ya no alcanzaba más que para lo indispensable, y además el ambiente laboral se había convertido en pesadumbre, pues sus compañeros de trabajo, y usted mismo, se quejaban permanentemente de la situación que ahora vivían.

Como las autoridades en su trabajo no podían disminuir su sueldo ni dejar de pagarle el aguinaldo, a usted y a sus compañeros los obligaron a firmar una carta en la que se comprometían a hacer “aportaciones voluntarias” a sus jefes.

Pues bien, ahora sus jefes han emitido un oficio en el que le indican a usted y a sus compañeros de trabajo cuáles son las formas en las que deberán hacer las “aportaciones voluntarias”. El oficio lo enmarcan en las leyes de austeridad emitidas por el gobierno, sus jefes, quienes consideran que las medidas de austeridad deben incluir recortes a los sueldos, eliminación de aguinaldos y retiro de equipos de cómputo de las oficinas.

La austeridad va en serio, pero no es seria. Usted y sus compañeros no tienen oportunidad de reclamo o queja, si es que quieren conservar sus plazas. Como ha sido el estilo de este gobierno, la amenaza va por delante. Quien no esté de acuerdo con los preceptos de la actual administración, que se retire, que no estorbe.

Ahora, estimado lector, deje de imaginar. En realidad, esto está ocurriendo a los empleados del gobierno federal. Muchos de ellos analizan ampararse, aunque están temerosos ante las amenazas de pasar al desempleo y sumarse a los más de 1 millón 300 mil personas que entre marzo y mayo perdieron sus plazas formales de trabajo.

O aportas o te vas, le han dicho a la burocracia, aunque nadie en el gobierno ha explicado qué se hará con ese dinero. Las “aportaciones voluntarias” también son ilegales. Equivalen a extorsión. Pero al gobierno no le importa, pues está desesperado ante la falta de recursos. El gobierno en bancarrota busca asaltar a sus empleados de manera impune.