La llegada a México del exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, causó mucha expectación política en el país. En el círculo gubernamental cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador incluso el día de hoy se frotan las manos por conocer toda la información que posee Lozoya en relación con la corrupción registrada desde la campaña presidencial de 2012, y durante su paso por la dirección de la empresa petrolera mexicana.

La estancia de Lozoya en México, desde su llegada el 17 de julio, ha sido una puesta en escena en la que el gobierno federal está sacando la mejor parte, pues ha posicionado la idea de que el exdirector de PEMEX tiene un acuerdo para aportar información sobre el flujo de los dineros de Odebrecht en México, los supuestos sobornos a legisladores para aprobar la Reforma Energética, y por la compra de la planta de Agro Nitrogenados.

El presidente López Obrador ha señalado que Lozoya se encuentra en México bajo un acuerdo en el que tendría calidad de testigo colaborador, una figura establecida en la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, mediante la que una persona accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos.

Planteado así, el gobierno federal parece querer ir más allá de Lozoya. El presidente parece querer obtener más información que lo lleve a otras personas.

Dos medios de comunicación han revelado supuestas declaraciones de Lozoya en las que habría asegurado, entre otras cosas, que Odebrecht pagó cuatro millones de dólares que habrían sido usados en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, en específico para el pago a consultores extranjeros en materia electoral, contratados por el entonces coordinador general de la campaña, Luis Videgaray.

Esta información no es nueva. Declaraciones judiciales de funcionarios de Odebrecht detenidos en Brasil ya habían dado a conocer que la relación con Lozoya databa de 2012, y que el dinero entregado se habría utilizado en la campaña presidencial priísta. Lo que sí es nuevo es la supuesta declaración en la que Lozoya habría informado del pago de sobornos por un monto de 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN para que aprobaran las reformas del Pacto por México en el gobierno de Peña Nieto. De ese monto, 6.8 millones habrían sido para Ricardo Anaya, entonces presidente de la Cámara de Diputados, de acuerdo con la presunta versión de Lozoya, cuando se discutió la Reforma Energética. Poco después, Anaya asumió la dirigencia nacional del PAN, desde donde empezó a tejer su candidatura presidencial.

Esta última parte es la que más parece llamar la atención de López Obrador, pues es la madeja que conduce a su odiado rival: el Partido Acción Nacional, pasando por Ricardo Anaya, con quien contendió por la Presidencia.

En realidad, a López Obrador no le interesan, por el momento, las versiones que señalan a priístas. Las que lo hacen salivar son aquellas que tocan a panistas.

López Obrador salpica en sus conferencias mañaneras algunas versiones en las que el ingrediente principal es hacer notar que Lozoya es un testigo colaborador que ya empezó a dar detalles que implican a funcionarios y políticos de alto nivel relacionados con el sector energético. Si bien no ha dado nombres, el presidente juega con la información que el exdirector de PEMEX posee para exaltar un supuesto combate a la corrupción en su gobierno.

No obstante, si las declaraciones de Lozoya son confirmadas por la Fiscalía General de la República y se traducen en detenciones de los implicados, el gobierno habrá dado un gran golpe. De no ser así, corre el riesgo de perder la oportunidad de oro para enderezar el rumbo en su gobierno, levantar varios puntos en su aceptación y popularidad, y quizás garantizar un triunfo para su partido en las elecciones intermedias del próximo año.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha informado sobre algún procedimiento en el que Lozoya haya rendido alguna declaración judicial. Por ello, las supuestas declaraciones del exdirector de PEMEX tienen un grado de duda. El presidente debería ser un poco más cauteloso, pues las versiones podrían cambiar de rumbo el proceso judicial que se le sigue a Lozoya.

Por lo pronto, Ernesto Cordero, expresidente del Senado y excoordinador de la bancada panista en la Cámara de Senadores, rechazó las primeras declaraciones de Lozoya. Las calificó de “falsas, sin sustento ni pruebas”. Ricardo Anaya, por su parte, rechazó que el gobierno de Peña Nieto lo haya sobornado para aprobar la Reforma Energética. “Nadie me tenía que convencer pues en el PAN llevábamos años impulsando la Reforma Energética. Yo apoyé la Reforma con enorme convicción”, aseguró Anaya.

Hasta ahora, todo lo relacionado con Lozoya en México ha sido cercano a una novela. En síntesis, sólo hay supuestos dichos sin confirmar, un gobierno que festeja esas supuestas versiones, una oposición que las rechaza, y un detenido que no ha pisado la cárcel.

Aún faltan varios capítulos de la novela, pero la trama ya quedó al descubierto. Lozoya se ha convertido en el declarante oficial de la corrupción en el sexenio anterior, pero los principales implicados siguen muy tranquilos.