El nuevo sistema de justicia penal que aplica la Fiscalía General de la República tiene como base la venganza, la amenaza, y el dedo pulgar del presidente de la República, que por supuesto puede señalar hacia arriba o hacia abajo, y con ello indicar quién es perdonado y quién no.

La promesa presidencial de que en este sexenio la justicia no se conduciría por venganzas hoy está muy lejos de cumplirse. Los objetivos electorales y la permanencia de un proyecto político al que han decidido llamarle “Cuarta Transformación” parecen ser más importantes que el fortalecimiento y la implantación de un sistema de justicia que castigue a quien delinque y que absuelva al inocente.

Para nadie pasa desapercibido que el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, está siendo utilizado por el gobierno, vía la Fiscalía que se suponía era independiente, como ariete para derribar las capacidades de un grupo de políticos que tiene posibilidades de disputarle el poder al presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido. Llenar a estos personajes de acusaciones de corrupción, y exhibirlos públicamente como quienes saquearon al país, es el principal objetivo de un gobierno federal que enfrenta más reclamos que aplausos por su actuación y que necesita fuertes golpes mediáticos para parecer eficaz.

Desde el gobierno se decidió que, vía los dichos de Lozoya, los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, funcionarios de alto nivel en las administraciones pasadas y legisladores que siguen políticamente activos, sean quemados en la hoguera pública. Hasta ahora, tanto la Fiscalía como el gobierno han presentado los dichos de Lozoya como si fueran verdades absolutas. De pruebas, ni hablar.

Lozoya ha señalado y confesado que fue él quien habría recibido el dinero de Odebrecht como soborno, y a su vez él mismo habría entregado dinero a legisladores para sobornarlos en la aprobación de las reformas estructurales del sexenio anterior. Como premio a la delación, Lozoya recibe la prisión domiciliaria.

López Obrador ha dicho que la investigación y el enjuiciamiento a los expresidentes se decidirán en una consulta popular en la que él ya lanzó la línea de que está en contra de un juicio contra los exmandatarios. Él decide quién se juzga y quién no.

Al mismo tiempo, Rosario Robles cumple un año en prisión, acusada sin pruebas de haber participado en la llamada “Estafa Maestra”, una trama en la que estuvieron involucradas distintas universidades públicas y empresas fantasma para desviar más de 3 mil millones de pesos. Lo ridículo del caso es que un juez decidió que la exsecretaria de Desarrollo Social permaneciera en prisión porque se presumía podía evadir la justicia fugándose, y como prueba de ello la Fiscalía presentó una licencia de conducir apócrifa. De lo que se trataba era simplemente de mantenerla en prisión.

Rosario Robles era presidenta del PRD cuando René Bejarano recibió millones de pesos por parte del empresario argentino Carlos Ahumada. Ese fue un golpe que afectó las aspiraciones presidenciales de López Obrador en ese momento. Robles era, además, amante de Ahumada, por lo que un sector radical del lopezobradorismo la vinculó con la exhibición de los videos que exhibieron a Bejarano recibiendo dinero cuando era secretario particular de López Obrador.

El juez que decidió que Rosario Robles permanezca en la cárcel es primo de Dolores Padierna, esposa de René Bejarano. La huella del nuevo sistema de justicia penal en México.

Ahora, la Fiscalía General de la República pretende imputar por defraudación fiscal a Cecilia Gurza, esposa de Carlos Ahumada. Desde el año pasado, la Fiscalía intenta imputar a Gurza de un supuesto fraude al fisco, sin que hasta ahora lo haya conseguido.

En agosto de 2019, un juez federal condenó a Cecilia Gurza a pagar 34 millones de pesos, más intereses, a Antonio Martínez Ocampo, un exsocio de Carlos Ahumada. Martínez reclamó por la vía de una demanda ejecutiva mercantil el pago de una deuda contraída mediante un pagaré firmado en 2015. Posteriormente, Cecilia Gurza logró un convenio para dar por terminada esta demanda en la que había sido condenada. Nuevamente la huella del nuevo sistema de justicia penal.

Una Fiscalía General de la República que debería ser autónoma es la encargada de cumplir los caprichos judiciales y las venganzas políticas de un presidente. Para eso querían el poder.