La obtención de una vacuna eficaz para prevenir el COVID-19 en México es el más reciente recurso de las autoridades federales para tratar de acrecentar la disminuida confianza de los ciudadanos en un gobierno que ha privilegiado su imagen a los resultados en el manejo de la pandemia.

Desde un principio, el objetivo del gobierno frente a la pandemia del coronavirus se enfocó en cuidar la imagen gubernamental. Nada de imágenes de hospitales desbordados, de pacientes mal atendidos, de muertos en las calles; nada de que los hospitales se han saturado o de que faltan medicamentos o insumos para atender a los enfermos; nada de que faltan médicos o de que faltan espacios para atender a los pacientes. Esas fueron las indicaciones que recibieron las autoridades de salud del gobierno federal, y de ahí hacia abajo en los niveles de responsabilidad de los hospitales públicos que atendieron pacientes con coronavirus.

La indicación fue acatada a medias, y los medios de comunicación exhibieron casos de hospitales que no podían recibir a pacientes enfermos, que llegaban graves para pedir ser internados y recibían el rechazo. Los medios también documentaron casos en que los pacientes fallecieron por presuntas fallas en su atención médica, de acuerdo con las quejas de sus familiares. Otros casos más exhibidos en los medios mostraron el pésimo manejo de pacientes fallecidos en los hospitales públicos. Sus familiares denunciaban la desaparición del cuerpo de su paciente, y en varios casos también informaban de la cremación de su familiar entregado a alguna otra familia.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell se esforzó siempre en sus conferencias de prensa vespertinas por mostrar que la disponibilidad de camas en los hospitales públicos con atención de COVID-19 permitía manejar el número de contagios. Esa fue y ha sido siempre la prioridad del gobierno federal: mostrar públicamente que el país no fue desbordado por la pandemia.

Desde la lógica gubernamental, contar permanentemente con un suficiente número de camas de hospital para quienes pudieran contagiarse es la prueba irrefutable de que la pandemia fue “domada”.

Sin embargo, en el gobierno no consideraron el alto número de fallecimientos a causa del coronavirus. A la fecha, más de 56 mil mexicanos han fallecido por el virus, lo que ha colocado a México como el tercer país con más muertes a causa del COVID-19. Este alto número de fallecimientos también colocó al país con una tasa de letalidad de 10.9%, es decir, 11 de cada cien mexicanos que se han enfermado de coronavirus han fallecido. La tasa es la más alta del mundo.

Para el gobierno, el número de fallecimientos no había sido importante, hasta hace unos días. De manera insistente, la sociedad se ha quejado de que los números indican que el gobierno ha carecido y carece de una estrategia real para evitar más contagios y más muertes, y de que el gobierno ha sido insensible con las víctimas del virus.

La imagen del gobierno se deterioró bastante, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió declarar 30 días de luto nacional en memoria de las víctimas del coronavirus. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que del 13 de agosto al 11 de septiembre la Bandera nacional se izará a media asta en todo el país, en conmemoración de los fallecidos.

¿Y sobre un cambio de estrategia para, ahora sí, lograr aplanar la curva de contagios? De eso, nada. Sólo acciones estéticas para tratar de mejorar la imagen del gobierno.

A ello se suma la promesa presidencial de que la vacuna contra el COVID-19 estará disponible en México en el primer trimestre de 2021. El gobierno mexicano se colgó de la estrategia encabezada por el empresario Carlos Slim, quien estableció un convenio con AstraZeneca para financiar la producción de una vacuna que entraría pronto en la fase final de pruebas, y presentó como suyo el logro. En realidad, el proyecto tiene riesgos, pues de no lograrse la vacuna el financiamiento de Slim podría irse al caño.

Sin embargo, a López Obrador le urge que la vacuna esté lista antes de las elecciones intermedias de 2021. Necesita presentarla como un logro de su gobierno que le aporte votos y la recuperación de la confianza de una sociedad que está dolida por las fallas y la insensibilidad gubernamentales.