Una de las grandes asignaturas pendientes de la LXIV Legislatura, ahora que está por iniciar el tercer periodo de sesiones, es precisamente la reforma al poder judicial que consolidará la transformación de la justicia federal y responde más a una necesidad imperiosa por brindar justicia a miles de mexicanos que tienen como última esperanza la actuación de los tribunales federales.
Por desgracia, la mayoría de las reformas que se pretenden impulsar por el Congreso tienen que ver con la agenda política del presidente de la república, empero la reforma judicial, responde más a elevar la calidad de las sentencias con impartidores de justicia preparados en el máximo nivel en todos los sentidos, incluso en la probidad personal.
Dice el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, que la reforma judicial responde a un claro compromiso del Estado Mexicano con la autonomía e independencia judiciales y ha sido ejemplo de diálogo y colaboración institucional. Se trata de una reforma completa e integral, que consolidará la transformación de la justicia federal, visto esta, en la práctica, como la instancia final de las disputas y es, muchas veces, la última esperanza para las personas de obtener justicia.
La reforma que plantea el poder judicial, pondrá la justicia federal al alcance de todas las personas; elevará la calidad de las sentencias —a través de una mejor formación de los juzgadores y del fortalecimiento de la carrera judicial—, y permitirá que la doctrina constitucional permeé de mejor manera a la labor de todos los operadores jurídicos. Se trata de una reforma que elevará los estándares de excelencia y honestidad, que dotará de mayores herramientas contra la corrupción y que dará a las mujeres la participación paritaria que les corresponde, en beneficio de toda la sociedad.
La iniciativa apuesta por un fortalecimiento de la Suprema Corte como tribunal constitucional, con la finalidad práctica de que sus interpretaciones hagan realidad los postulados constitucionales en la vida de las personas. “Requerimos una Corte que resuelva menos asuntos y que se enfoque en establecer pautas de interpretación constitucional sólidas y bien argumentadas, que orienten no solo la labor de todos los jueces del país, sino de todas las autoridades”, apunta el ministro presidente de la SCJN.
Destaco la tesis que postula Saldívar Lelo de Larrea en torno al peso moral y jurídico que deben tener las sentencias que emita la Corte que permita avanzar hacia una cultura de la constitucionalidad, característica de un pleno estado de derecho.
Por otro lado, se propone reglamentar un servicio profesional de carrera, en el que el acceso a todos los cargos jurisdiccionales será por concurso. Se transforma el Instituto de la Judicatura Federal en Escuela Federal de Formación Judicial, encargada de llevar a cabo los concursos y de impartir una formación sólida y de vanguardia, que dé paso a un nuevo perfil del juzgador federal. En el rubro del combate al nepotismo y la corrupción, la iniciativa contempla dotar al Consejo de la Judicatura de herramientas reforzadas para combatir estos fenómenos y eleva a rango de ley las políticas que se han implementado con éxito a nivel administrativo.
La creación de la escuela judicial, la transformación de la defensoría pública, además de ampliar los servicios en materia de amparo familiar, penal y laboral, son algunos puntos torales de la reforma judicial que ha sido construida mediante el consenso con los poderes Legislativo y Ejecutivo y por ello, está garantizada que la aprobación por parte de los legisladores de todos los partidos políticos, sea un hecho y con ello, se tendrá una reforma judicial de gran calado, acorde con las necesidades del país, en los albores del siglo XXI.
