Hace algunos días, el Presidente hacía referencia a que lo que le ocurre a nuestro país es en gran medida por la racha de mala suerte y agregó: “Ya empieza a verse en la luz que indica de que vamos saliendo, tanto enfrentando la pandemia que ha causado mucho daño, el fallecimiento de muchas personas lo que nos duele mucho, como que también vamos a salir de la crisis económica y se llevará a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país, sentando las bases del cambio verdadero por lo que votó el pueblo en 2018”.

Sin duda, hay que decirle al Presidente que no es mala suerte, porque no hay mala o buena suerte, son las decisiones que se toman ante eventualidades las que determinan el destino y los resultados, es decir, que es como se actuó frente a los acontecimientos que enfrenta nuestro país y sí, hay que decirlo, no hay tal transformación y sí una restauración del viejo régimen totalitario centralista y presidencialista. 

Y esto sí es una muy mala noticia, “es un horror estar con Obrador”

Y algunos dicen que la suerte, si existiera, siempre beneficia a las personas mejor preparadas, porque toman mejores decisiones, que, perdón, no es el caso para el actual gobierno federal.

Una de las peores decisiones, no solo de Andrés, también de Enrique, fue el no consolidar la Policía Federal Preventiva y dispersar los recursos destinados a la seguridad en varios cuerpos policiacos y militares que no tienen una articulación con las responsabilidades que tienen los tres órdenes de gobierno.

El gobierno de Peña apostó por un bodrio que terminó subsumido por la Policía Federal Preventiva, que se llamó gendarmería, que, sin pena ni gloria, no trascendió ni en su conformación y menos en su actuación, y nunca se definió con claridad. Hoy se apuesta por una figura de Guardia Nacional que tampoco tiene definida su función y alcances.

Lo que es una realidad, es que necesitamos la consolidación de una policía federal preventiva, que atienda la disuasión de los delitos de orden federal y que son un montón: delincuencia organizada y armas de fuego, narcotráfico y delitos contra la salud, contrabando y delitos contra la propiedad intelectual, trata de personas y mercancías, el cobro de piso, falsificación de moneda, huachicoleo o  robo de hidrocarburos, la seguridad en las carreteras o ataques contra las vías de comunicación, del patrimonio cultural, contra el medio ambiente, fronteras, aduanas, puertos y otros más que son de orden federal.

La irresponsable eliminación de la PFP, que no era una institución perfecta, sí, pero era perfectible, hoy existe un vacío enorme dentro de la responsabilidad del estado frente a los delincuentes.

El caso más emblemático es Ayotzinapa y que el presidente López Obrador da señales de que lo quiere concluir y no seguir estirando la liga hasta que se reviente, asumiendo con el perdón que ofrece de parte del Estado Mexicano, no sabemos si por omisión o colusión por haber apoyado a los Abarca en Iguala.

El informe confirma la verdad histórica, de que fue el crimen organizado, Los Guerreros Unidos y otros grupos delincuenciales en disputa los que privaron de la libertad y desaparecieron a los estudiantes, en donde los estudiantes de la normal Isidro Burgos fueron un daño colateral, y que la actuación o inacción de muchas autoridades locales y estatales tuvieron actuaciones instrumentales o de indiferencia u omisión ante los hechos.

El primer paso para cerrar este proceso, no resarcir la principal demanda de los padres, amigos y rémoras del movimiento de entregarlos vivos, es el perdón por parte del titular del Estado Mexicano. El segundo paso es reconocer que la responsabilidad del estado es por omisión, por no haber garantizado el derecho a la vida de los estudiantes, de su manifestación, a la salud y a ser presentados ante el ministerio público por las acciones que de manera ilegal cometieron, como el secuestro de los camiones y retención de personas en contra de su voluntad, dos delitos de los estudiantes que están plenamente documentados en todas las versiones del caso.

En todos los casos que sustentan las investigaciones hablamos de delitos del orden federal, ¿qué estaban haciendo las autoridades municipales y estatales en estos hechos constitutivos de delitos federales sin coordinación federal?, no sabemos, lo que sí se sabe es que estas autoridades fueron los primeros respondientes, sin tener atribuciones sobre el particular del delito subyacente, pero sí de los hechos en flagrancia y sustentados por denuncias de los dueños de los autobuses.

La obligación, que, como segunda acción inmediata posterior a la detención de estos alumnos, tenían que presentarlos ante autoridad competente o ministerio público, cosa que nunca sucedió.

El tercer paso es la reparación del daño, que también ya se comprometió el presidente, que tenemos un antecedente reciente que  “Por violación de derechos humanos cometida por autoridades federales", la Comisión de Atención a Víctimas, entregó recursos por 22 millones 596 mil pesos a los familiares de cinco de las 22 víctimas mortales del caso Tlatlaya.[1]

Para el caso de pasta de Conchos la indemnización ronda entre 20 mil pesos, para los trabajadores de reciente ingreso y 200 mil pesos para los trabajadores con más tiempo.

Los seis años, están establecidos en el Código Civil Federal para poder declarar legalmente fallecido a un desaparecido, a petición de los deudos, en este año se cumple con el límite legal para declarar muertos a los alumnos desaparecidos.

Definir el monto de la indemnización va a ser la última batalla para terminar de desmovilizar a los padres de los estudiantes que aún se encuentran en lucha, pero lo que hace el presidente es lo correcto y asumir el costo político que representa su investidura como presidente de todos los mexicanos.

Llegar a la verdad verdadera, no a la que los dos Alejandros del gobierno nublan con solamente argumentos ideológicos y un resto de supuestos, va a ser muy difícil y es muy posible que se emparejen con la verdad histórica.

Los especialistas forenses señalan las primeras 48 o ya en algunos casos extraordinarios las 72 horas como cruciales, en condiciones ideales de conservación de la evidencia, se pueden hacer algunas diligencias forenses complementarias y con la cadena de custodia de las evidencias escrupulosas.  

Con el manipuleo de toda la evidencia ups, difícil de no llegar a la verdad histórica que sigue en pie.

Se necesita una Policía Federal Preventiva y una Ley de Seguridad Interior no sean necios.