La detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y las mentiras iniciales para tratar de no quedar mal ante lo evidente, empiezan a hacer pelotas al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tras decir que él había sido informado por la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena, sobre una investigación en la que se involucraba a Cienfuegos Zepeda, López Obrador amenazó al Ejército con hacer una depuración: “todos los que resulten involucrados en este asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno, en la SEDENA, van a ser suspendidos, retirados, y si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes”.
Esta última declaración resultó una balandronada. Para empezar, el gobierno mexicano no tenía ninguna investigación abierta en contra del exsecretario de la Defensa Nacional. Es decir, no sabía que Estados Unidos lo investigaba, y mucho menos que lo detendría. Por otra parte, el presidente se retractó sobre las posibles suspensiones o aprehensiones en contra de militares que se hubieren vinculado en el tema del que se acusa al general Cienfuegos.
López Obrador, incluso, le otorgó al general detenido en Estados Unidos la presunción de inocencia que le ha negado a otros personajes presuntamente vinculados a hechos delictivos, como Emilio Lozoya o Genaro García Luna. “No es profesional y no es justo culpar a toda la oficialía del Ejército de estar involucrada con este caso, repito, si es que se demuestra que el secretario está involucrado”. Además, dijo: “aún si él resultara responsable, no es lo mismo la conducta del general secretario Cienfuegos de una institución como la Secretaría de la Defensa”
¿Qué es lo que ha llevado a López Obrador a mostrar un zigzagueante apoyo a la SEDENA?
Al inicio de su gobierno, López Obrador mostró un duro rechazo al Ejército Mexicano. Incluso, en una entrevista con el periódico La Jornada afirmó que, si por él fuera, desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional.
El mismo día de la captura en Estados Unidos del general Cienfuegos, salió a la luz pública un documento fechado el 8 de octubre, en el que el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informa al titular de la Secretaría de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, que desde dos días anteriores la SEDENA asumió el control operativo de la Guardia Nacional, por instrucciones del presidente López Obrador. En ese documento, el general le pide al almirante que informe de ello a los coordinadores estatales y regionales que están a su cargo para que “atiendan la instrucción del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas”.
Con esa disposición, tanto los 35 mil 848 elementos del Ejército, y los 5 mil 999 efectivos navales que fueron asignados a la Guardia Nacional desde su conformación, así como los más de 25 mil militares y 7 mil marinos que se integraron entre 2019 y lo que va de este año, “quedarán a disposición de la Guardia Nacional, dependiendo operativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional y administrativamente de las Secretarías de origen”, por lo que los guardias nacionales se mantendrán bajo la conducción de las Fuerzas Armadas.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, en el que las Fuerzas Federales empezaron a participar en tareas de seguridad pública y a combatir directamente a grupos del crimen organizado en delitos de alto impacto, la Secretaría de Marina contó con el respaldo del titular del Ejecutivo, por encima de la SEDENA. Ahora, López Obrador respalda al Ejército como cabeza en el combate al crimen organizado, ahora con la figura de la Guardia Nacional que operativamente ya depende directamente de la Defensa Nacional.
La SEDENA ha recibido en este sexenio toda clase de encomiendas: desde la construcción de la refinería Dos Bocas hasta la del aeropuerto de Santa Lucía, pasando por la participación en la construcción de dos etapas del Tren Maya y la administración y control operativo de los puertos mexicanos. Como premio, ahora, al mismo tiempo que el gobierno federal decide la extinción de 109 fideicomisos con los que se financiaba distintas actividades dedicadas al desarrollo científico, cultural y deportivo del país, el gobierno de México ha incrementado de manera exponencial los recursos de cuatro fideicomisos existentes en la SEDENA.
Estos cuatro fideicomisos, que pasaron de los 5 mil millones de pesos en el gobierno de Peña Nieto, a los 30 mil millones de pesos a mediados de este año, están disponibles para la compra de equipo militar (que dispone de más del 90% de esa bolsa), haberes de retiro, pensiones y compensaciones, subsidios a los hijos del personal del Estado Mayor Presidencial y a familiares de militares fallecidos en misiones de alto riesgo. Es uno de los montos más elevados de los fideicomisos públicos que no eliminó esta administración.
Los fideicomisos, al parecer, ahora serán sólo para el Ejército. Es el premio que la SEDENA tiene por hacer cosas que no le corresponden. La idea del presidente es que esos fideicomisos estén a salvo de la corrupción, pues hasta este momento la SEDENA estaba por encima de cualquier sospecha. Por eso, quizás por eso, el zigzagueante discurso del presidente respecto del Ejército Mexicano.
