Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador se le empieza a hacer bolas el engrudo en el tema del caso Ayotzinapa. Desde su arribo al poder, el presidente López Obrador instruyó reabrir la investigación, convencido de que la perversidad de la “mafia del poder” llevó al gobierno antecesor a fabricar una “verdad histórica” alejada de lo que realmente ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Lo ocurrido, sea como haya sido, derivó en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, luego de que éstos secuestraron varios autobuses con los que pretendían transportarse a la Ciudad de México.
Las versiones difundidas por los seguidores de quien hoy gobierna siempre fueron en el sentido de que el Ejército habría tenido importante participación en los hechos. Algunos, incluso, sugirieron que los estudiantes fueron cremados en hornos del 27 Batallón de Infantería, ubicado en la misma ciudad de Iguala. Otras, absurdas, llegaron a decir que los cuerpos fueron cremados en los hornos de la empresa Bimbo.
Estas versiones simplemente tenían la intención de desacreditar las investigaciones oficiales. Como siempre sucede, lo que pasó en Iguala fue utilizado por la oposición para desacreditar al gobierno y buscar echar abajo en el posicionamiento público las conclusiones gubernamentales. Además, la versión oficial involucró al exalcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, quien en su campaña de 2012 se había placeado y tomado fotografías en compañía de López Obrador.
El mal manejo de comunicación del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa permitió que en la percepción pública el gobierno federal fuera el responsable de lo ocurrido en Iguala. Peña Nieto cargó con ello durante el resto de su administración.
La investigación que llevó a cabo la entonces PGR documentó hasta la saciedad que los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala. Ellos los habrían entregado al grupo de “Guerreros Unidos”, al interpretar que los estudiantes pertenecían o apoyaban al grupo opositor de “Los Rojos”.
Hasta ahí se ha documentado. Lo que pasó después, y el paradero final de los restos de los estudiantes es la parte que se ha cuestionado. La Universidad de Innsbruck, Austria, ha identificado restos óseos de 3 de los estudiantes desaparecidos, uno de ellos en esta administración.
La investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República le ha dado fuerte peso a declaraciones de “Juan”, un testigo clave.
Las declaraciones de “Juan” habrían permitido dar con los restos de uno de los jóvenes estudiantes que ya fueron identificados, y han sido consideradas para librar órdenes de aprehensión contra 18 militares por su presunta implicación. Entre ellos está el Capitán José Martínez Crespo, quien se entregó de manera voluntaria y sigue su proceso judicial recluido en el Campo Militar número 1.
Hasta ahí, todo caminaba de acuerdo con el guión que gustaba a la 4T.
Pero “Juan” también ha vinculado al actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, a quien “Guerreros Unidos”, de acuerdo con sus declaraciones, le entregaban 200 mil dólares mensuales para que los dejara operar con impunidad en el estado de Guerrero.
En ese entonces, García Harfuch era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero. Por 200 mil dólares mensuales, García Harfuch permitía a “Guerreros Unidos” operar en la entidad sin ser molestados.
La intención política ha dejado sin rumbo a la investigación que lleva a cabo la FGR. Hoy, la Fiscalía no tiene una versión de lo ocurrido. La intención política de la FGR hace que le den validez, en las partes convenientes, a las declaraciones de “Juan”.
El gobierno de López Obrador y la FGR señalaron en varias ocasiones que la “verdad histórica” fue fabricada a modo. La investigación actual y el camino que está tomando también se están fabricando a modo. No tiene pies ni cabeza, pero el caso Ayotzinapa bien vale la pena como estandarte político para la 4T.
El caso Ayotzinapa será administrado políticamente en lo que resta de la administración. Así se programó, así se planeó. Lo de menos es encontrar o no una verdad, lo de menos es el dolor de las familias de los 43 estudiantes, lo de menos es hallar sus restos o no.
El manejo político da para mucho, y el gobierno lo sabe. Por lo pronto, quien fungió como vocero de los padres de los estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz, será diputado plurinominal por Morena.
