Antes de confirmar su contagio de Covid-19 o Sars cov-2, el presidente AMLO -que deseamos que no sea un choro mediático para victimizarse con lo de su contagio y que de ser cierto le deseamos pronta recuperación, ya que, por experiencia propia, se siente de la patada y las secuelas todavía se sienten después de casi cuatro meses de la remisión del contagio-, anduvo por San Luis Potosí, con su flamante Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien se aventó la puntada de señalar y parafrasear las ideas de Don Andrés.
Donde Rosa Icela Rodríguez, convocó a hombres y mujeres de San Luis Potosí, su entidad natal, a que desde su ámbito de actuación contribuyan en la pacificación del país a través del diálogo con niños y jóvenes, lo que es esencial para la estrategia de seguridad del gobierno.
“Hablen con sus hijas e hijos pequeños, adolescentes o jóvenes, hay que decirles hasta el cansancio lo perjudicial que son las drogas; que su consumo daña el cuerpo, daña a la familia, daña a la comunidad y daña a México”, mencionó la servidora pública durante la inauguración que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del nuevo cuartel de la Guardia Nacional (GN) en el municipio Soledad de Graciano Sánchez.
Aseguró que el camino a la pacificación del país no se hace solamente con la policía y son las abuelitas y madres y esposas las que pueden cambiar radicalmente y desterrar este comportamiento de la sociedad.
Ahora entendemos porque estamos como estamos. Por ello cerramos los dos últimos años como los datos más desastrosos en la materia, en el 2019, que recogían 34,608 homicidios y 1,012 feminicidios durante el año pasado.
El propio Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP) reconoce también una tendencia al alza en los asesinatos durante 2020: de enero a julio sus registros recogieron 20,494 homicidios frente a los 20,176 de 2019. Y se espera que con la reactivación a la nueva normalidad estos datos empeoren, como ya lo estamos viendo en varias entidades de la república en donde se repiten las escenas de ejecuciones masivas y ajuste de cuentas.
Ahora entendemos la estrategia de AMLO de hablar con la mama de el “Chapo” y abuela de Ovidio, en donde seguramente les pidió que se porten bien, y no le hacen mucho caso ya que, de acuerdo a los datos que vemos en México, enero rebasó las mil víctimas de homicidio doloso en los primeros 14 días de este año, un promedio de 73.7 al día.
Ya lo hemos comentado en anteriores entregas, es muy difícil creer que de veras confíen de manera tan candorosa en este axioma que no soporta ningún análisis contra la realidad.
Se los hemos dicho, en nuestro país, por la impunidad, existen familias completas que se dedican al crimen organizado, tenemos en México rateros y homicidas de tercera o cuarta generación, esposas, madres y abuelas y abuelos y padres e hijos que se dedican al sablazo y a la transa y solamente por ello su idea no funciona, ya que el sustento producto de la ilegalidad es recibido por toda la familia lo que en los hechos los hace cómplices del delito, en algunos casos pasivos, pero en otros muy activos.
Entender que en México es posible que sea optativo el que familias enteras se dediquen a la delincuencia organizada es real y que derrumbe el principio dogmático de que es la pobreza o falta de oportunidades económicas el principal motor de la delincuencia, tendría que hacer rectificar al presidente, como se lo pidió el Gobernador de San Luis Potosí, se necesita más efectivos de seguridad pública para poder garantizar esto que es un principio de derechos humanos, la garantía a la vida y al patrimonio de todos los mexicanos y es un derecho que el estado mexicano se abrogó como una responsabilidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sin filias o fobias y que en la realidad no lo hemos podido lograr, y no se va a lograr porque la estrategia parece ir de la ineptitud a la candidez.
Un caso emblemático para la actual administración es el expediente de los 43 normalistas y que en realidad ya son solamente 39 0 40, ya que se tienen identificados por lo menos los restos de cuatro de ello, el resto siguen desaparecidos. Legalmente durante los primeros 4 años se consideran desaparecidos y que después de cuatro años, legalmente se consideran muertos para los efectos legales que se deriven de ello, como la reparación del daño por la ineficacia de garantizar el derecho a la vida de todos los mexicanos y que tiene que cubrir el gobierno en favor de los deudos, pero en este caso y en otros muchos es política la motivación y no jurídica y judicial.
Veamos el caso del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, policía federal de instrucción y de formación y segunda generación de servicio público en materia de seguridad, como lo hizo su padre, en donde se le ha vinculado desde el principio del caso de Iguala con la desaparición de los alumnos, y que por su filiación administrativa con el Gobierno de la Ciudad de México se ha mantenido en pausa y que curiosamente va a ser el dique de contención de los oficialistas dogmáticos que piden sacrificios en la pira de la cuarta transformación que solamente aspira a la restauración del viejo régimen.
Sin duda como existen delincuentes de tercera o cuarta generación, también existen servidores públicos de carrera como el general Cienfuegos, al cual, también los radicales hijos del neo-oficialismo claman por su defenestración y que solamente lograron su exoneración y que muchos comunicólogos al servicio del sospechosísimo no le otorgan el derecho de ser inocente.
Es falso que en México el peor enemigo sea la corrupción, la corrupción es un cáncer que carcome a los personajes del gobierno no a los ciudadanos mexicanos, insisto los mexicanos no somos corruptos, tuvimos y tenemos funcionarios públicos muy abusivos y corruptos eso sí.
