El contagio de coronavirus del presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la puerta a un debate que en México se ha dejado de lado durante años, pero que en el contexto de la actual pandemia resulta fundamental en la aún débil democracia mexicana.
El gobierno federal ha decidido mantener en reserva el estado de salud del presidente, argumentando que López Obrador tiene a salvo su derecho de mantener en secrecía sus datos personales. Por otra parte, hay una corriente de opinión que señala que, en este caso, los datos personales del mandatario -entendidos como su estado de salud- no pueden mantenerse ocultos pues la sociedad tiene todo el derecho de conocer, precisamente, cuál es el estado de salud de quien le gobierna.
En el gobierno mismo no aciertan a tomar una definición única. Mientras el subsecretario Hugo López-Gatell asegura, en público, que la información sobre el estado de salud del presidente y la evolución de su convalecencia no se darán a conocer a menos que el propio mandatario así lo instruya, el vocero, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó que la Presidencia de la República no tiene ningún problema en dar a conocer tanto el estado de salud como la evolución de la convalecencia de López Obrador.
¿Debe el gobierno hacer pública esta información? ¿Se puede argumentar que la preservación de los datos personales del presidente es suficiente para reservar la información?
El presidente de la República adquiere una serie de capacidades por el hecho de asumir la investidura. Las palabras y los dichos de un mandatario, por ejemplo, no tienen el mismo peso que el de una persona distinta en el país.
Sin duda, la sociedad tiene derecho de conocer el estado de salud del presidente en todo momento, y en el padecimiento actual de López Obrador no hay un argumento válido para no informar cómo evoluciona su convalecencia. Ocultar esta información genera desconfianza y suspicacias. Y la han mantenido en tanta secrecía que ni la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sabía en dónde convalecía el presidente. Sánchez Cordero pensaba que López Obrador se había trasladado a su domicilio particular para aislarse, hasta que Jesús Ramírez Cuevas aclaró que el presidente no ha salido de Palacio Nacional.
En redes sociales circularon versiones de que el presidente habría sido internado en el Instituto Nacional de Nutrición, las cuales fueron inmediatamente desmentidas por el gobierno federal.
A ciencia cierta, hoy nadie sabe cómo le está yendo a López Obrador con el coronavirus ni qué tratamiento sigue. Vamos, ni siquiera se sabe quiénes son los médicos que intervienen en su tratamiento.
La sociedad tiene derecho a saberlo, y el gobierno debería estar obligado a informarlo.
Pero en el gobierno de la 4T prefieren mantener en secreto esta información. Sin duda, difundirla no sirve a los propósitos del gobierno. Si fuera así ya se habría dado a conocer.
Si la estrategia gubernamental es hacer mártir al presidente, y por ello reservan la información de su convalecencia, están errando.
El presidente se contagió sin seguir las elementales recomendaciones: no usa cubrebocas, asiste a eventos nutridos de gente, realiza reuniones sin respetar la distancia recomendada. Hoy, nadie puede compadecerse por su contagio. Si bien no se le desea que le vaya mal, nadie justifica el que se haya contagiado.
El presidente no es el adulto mayor que fue contagiado por quien le ayuda con el aseo, ni el médico que atiende diariamente pacientes con COVID-19, ni mucho menos el padre de familia que sale por necesidad de ganarse el pan diario.
Hay que decirlo con claridad: el presidente se contagió por irresponsable.
