La estadística que el subsecretario Hugo López-Gatell informa diariamente por las tardes ha perdido valor. Con la información que el INEGI dio a conocer, en el sentido de que el cálculo preliminar de las muertes registradas en México en los primeros ocho meses de 2020 a causa del COVID-19 determinó que los números ofrecidos por López-Gatell están 44.8% por debajo de la realidad, los bonos del subsecretario y del gobierno federal mismo cayeron hasta el suelo.
El INEGI señaló que ese cálculo preliminar indica que en el periodo enero-agosto del año pasado en México se registraron 108 mil 658 defunciones a causa del COVID-19. Sin embargo, a diferencia de lo que mencionó el INEGI, en realidad, para el 31 de agosto de 2020 el subsecretario López-Gatell reportó 64 mil 414 muertes por COVID-19 en el país, lo que ampliaría el porcentaje de subregistro a 68.7%. Es decir, la cifra de muertes por COVID-19 informada por el subsecretario, está 68.7% por debajo de la realidad.
Con esta información, la estadística que el gobierno federal da a conocer diariamente pasa a tener relevancia secundaria, y será considerada como preliminar en tanto el INEGI actualiza sus cifras y da a conocer el número total de muertes por COVID-19 en el país. Esto ocurrirá en octubre de este año.
La información del INEGI agudiza la gravedad de la pandemia en México, y hace aún más notorio el pésimo manejo gubernamental para contener el coronavirus. La mortalidad por coronavirus en México, como resultado de la división del número de contagios entre el número de muertes a causa del COVID-19, es la más alta del mundo aun con las cifras del gobierno federal. Si se aumenta el 68.7% de subregistro, la tasa de mortalidad se dispara aún más.
El INEGI obtuvo su autonomía constitucional el 8 de octubre de 2008, fecha en la que también se creó el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuyo principal objetivo es producir y difundir la información estadística y geográfica oficial del país.
La autonomía del INEGI es de vital importancia para lograr este objetivo, ya que permite que la generación de información estadística y geográfica responda exclusivamente a criterios técnicos y de transparencia, y no de grupos de interés.
En la realidad, la autonomía de diversos órganos del Estado es fundamental para que su actuación se rija estrictamente por criterios técnicos, y para evitar la tentación en el poder de influir en sus decisiones o acciones.
Las cifras que el INEGI reportó sobre las muertes por COVID-19 en los primeros ocho meses de 2020 no favorecen al gobierno.
Esto debe ser un fuerte argumento para evitar la desaparición de distintos órganos autónomos que hoy se encuentran bajo amenaza gubernamental de extinción. Si en algo están fallando, sería muy bueno proponer su corrección, pero proponer su desaparición resulta un exceso que no beneficia a nadie más que a quienes buscan una regresión a la opacidad y a los tiempos en los que el gobierno era el autor de sus propios datos.
A todos nos interesa conocer la realidad de lo que ocurre en el país. Ocultar esa realidad no es bueno para una sociedad que está en la etapa del fortalecimiento de su democracia. Desaparecer instituciones autónomas no fortalece la democracia, sino la socava.
