Una plaga que no es nueva, pero que se ha recrudecido en la CDMX y desde luego, se deriva  por el efecto mortal de la pandemia, pero también por factores, entre ellos,  el grado de corrupción que prevalece en diversas instancias de poder público que dejan al ciudadano en un estado de indefensión total; ha resurgido, los invasores de terrenos, casas y departamentos.

Las invasiones  y despojos de bienes inmuebles se dan tanto en las alcaldías rurales, como en unidades habitaciones con gran densidad poblacional, esto desde luego, no exime a aquellos edificios que tienen pocos condóminos o inquilinos.

También la falta de una impartición de justicia expedita causa que los afectados no tengan la posibilidad de entablar el juicio respectivo debido a que los juzgados están cerrados.

Los delincuentes peinan determinada zona para observar si algún departamento no tiene tráfico de personas y cuando es el caso, asaltan la propiedad, cambian las cerraduras y esperan unos días a ver que reacción hay, si no existe, de inmediato meten algunos muebles y los más osados ya de plano ingresan a vigilantes al inmueble.

En el caso de Tlalpan y en específico del Ajusco, ocurre lo mismo, los delincuentes monitorean que terrenos están  sin presencia humana reciente para proceder a su ocupación y en este caso, las mismas autoridades ejidales y comunales están coludidas con el hampa.

En el Ajusco los despojos incluso son con violencia. Existen casos muy sonados en la comunidad,  en los cuales ha habido heridos y muertos.

Desde luego, en los casos que el dueño decide proceder judicialmente, pues empieza un interminable viacrucis que transita entre los juzgados cerrados y sigue en las oficinas a funcionarios que están coludidos, por lo menos por omisión, con el hampa.

Los muertos por el contagio de COVID-19 no solo ha dejado un indescriptible dolor entre los deudos, sino también ha provocado por la acciones de estos malandros, la pérdida del patrimonio familiar en virtud de que cuando los familiares de los fallecidos, acuden a los domicilios de los difuntos,  resulta que ya están ocupados por otras personas.

Cierto y ante la carencia del testamento respectivo y de otros documentos como escrituras de propiedad que se quedaron en el inmueble, pues es prácticamente imposible recuperar en el corto plazo la propiedad.

Este problema es del conocimiento de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y del presidente del Tribunal  Superior de Justicia de la CDMX,  Rafael Guerra, empero sus órdenes se las han pasado por el arco del triunfo, los subordinados respectivos, coadyuvando con los delincuentes en el despojo o la invasión respectiva.

Si se considera que un millón de personas no tienen testamento en la capital del país,  y, por lo menos hay entre fallecidos y muertos por Covid-19, de acuerdo a las cifras oficiales, 26 mil, aunque en la realidad es  por lo menos el doble, además de los enfermos y desplazados, pues no se necesita sacar la calculadora para ver el tamaño del pastel que tienen los criminales para intentar despojar de sus bienes a los propietarios.

En el congreso local existen diversas iniciativas que buscan sancionar este tipo de delitos con mayor severidad, empero la inacción que existe en el ámbito legislativo y los intereses políticos, han impedido que prospere alguna con el respaldo de todas las fuerzas políticas que tienen representación en ese órgano deliberativo.

Los delincuentes en la mayoría de los casos, son en estos nuevos casos, de poca monta, pero, también ya en varios casos documentados, en donde está presencia del crimen organizado es evidente.

Si la jefa de gobierno no toma el asunto en sus manos, en unos meses estaremos hablando de que la propiedad privada en la capital del país, fue un hecho del pasado, porque prevalecerá la ley de la selva y el nulo respeto al estado de derecho.