La solicitud que la Fiscalía General de la República envió a la Cámara de Diputados para quitar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por supuestamente tener elementos suficientes para acusarlo de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, es un acto político muy riesgoso. Si al mandatario estatal no lo meten a la cárcel, lo estarán fortaleciendo para ser un poderoso opositor con miras a la elección de 2024.
Este puede ser el error político que la oposición esperaba del presidente Andrés Manuel López Obrador, para apuntalar un proyecto opositor que le haga sombra a los altísimos niveles de popularidad que todavía mantiene el mandatario.
Al público mexicano le encantan los mártires, y en ello convertirían a García Cabeza de Vaca si no logran comprobarle los delitos de los que lo acusan, todos ellos graves, que lo llevarían por necesidad a la cárcel una vez que se le retire el fuero…si eso ocurre.
Contrario a lo que muchos piensan, en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas el Congreso de esa entidad tiene la última palabra. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la Cámara de Diputados avala retirar la inmunidad a García Cabeza de Vaca, el juicio político sería turnado a la legislatura local, en la que, actualmente, 23 de los 36 diputados de Tamaulipas son del Partido Acción Nacional, al que pertenece el mandatario. Para llevar a cabo el desafuero se requiere una mayoría compuesta por dos terceras partes, es decir, 24 diputados locales. Morena tiene sólo 10 integrantes.
Sin embargo, el próximo 6 de junio se renovará el Congreso local en Tamaulipas, y los resultados de esa elección podrían ser determinantes para el futuro del gobernador.
Las acusaciones contra García Cabeza de Vaca no son nuevas. De hecho, desde la campaña electoral de 2016 sus adversarios y algunos medios de comunicación locales lo acusaron de tener vínculos con los cárteles del narcotráfico. Curiosamente, dos de sus más recientes antecesores, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, enfrentan acusaciones delictuosas por peculado y lavado de dinero (Hernández), y peculado y vínculos con el crimen organizado (Yarrington).
Durante su campaña por la gubernatura, García Cabeza de Vaca entregaba con frecuencia a los periodistas documentos probatorios de que no tenía antecedentes penales en Estados Unidos ni investigaciones abiertas en la entonces PGR. Ya como gobernador, en dos ocasiones solicitó a la Fiscalía General de la República comparecer voluntariamente por cualquier delito por el que se le investigara. Nunca fue llamado a declarar.
Por ello, García Cabeza de Vaca asegura que sacar en este momento las acusaciones y solicitar su desafuero es un hecho relacionado con la elección de junio próximo.
La Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, que no ha mostrado mucha independencia del gobierno federal, deberá demostrar el esquema de lavado de dinero por el que se acusa a García Cabeza de Vaca. Si la FGR y el gobierno federal no meten a la cárcel a García Cabeza de Vaca, estarán fortaleciendo al hoy gobernador, tal y como el propio López Obrador fue fortalecido en 2005 por el gobierno de Vicente Fox al ser desaforado.
López Obrador parece estar fortaleciendo a un adversario que, si las estrellas se alinean, podría ser su sucesor. El efecto político que el proceso para retirarle el fuero al gobernador de Tamaulipas podría tener, debe ser bien medido por López Obrador.
