Si pudiéramos colocar sellos frontales de advertencia para la actual administración, tendríamos que, por lo menos, poner uno por cada prócer que existe en el logotipo del gobierno de la república para poder establecer un principio por cada uno de ellos que con su actuar se los endilgan a éstos sin ninguna responsabilidad o alguna en otro contexto histórico.

Sin ninguna duda, el principal sello de advertencia tiene que ver con la opacidad con la que se administran los recursos públicos, pero también el centralismo, estadolatría, el presidencialismo injustificado y exacerbado, por supuesto, la exigencia de lealtad a ciegas y la incapacidad al 90% de sus colaboradores que demanda el burócrata que radica en Palacio Nacional junto con la guardia pretoriana que cohabita en él.

Y a decir del residente de Palacio Nacional se justifica la falta de rendición de cuentas porque ya no hay corrupción en su administración y principalmente en la presidencia de la república, recuerden que van más de cinco veces que saca el pañuelo blanco para señalar esto como un hecho.

Pero esto no basta para que conste, como dice el dicho. La fiscalización de estos recursos por supuesto que no le estorban, lo que estorba es la actitud de “ya saben quién”. El que nada debe nada teme, el presidente debería de ser el principal interesado en que esto se haga atendiendo el principio de máxima publicidad y difusión, para que el pueblo bueno y el no tan bueno no tengamos ninguna duda de ello, pero no lo hace no sabemos porqué, pero suponemos por qué.

El presidencialismo extremo, la idolatría a las personas y el rechazo a las instituciones, es patológico, es la oda a la persona, es signo de esquizofrenia política y un profundo rechazo a las instituciones de manera irracional. El caso de la Ley Zaldívar y toda la Ley que por lo que sabemos se hizo en las oficinas del Magistrado Presidente de Suprema Corte, y que por el mandato constitucional de la división de poderes mal entendido se tiene que procesar por otro poder y metiendo la mano también el otro poder.

La Constitución establece que el poder del estado se reparte en tres poderes autorregulados, el Judicial, Legislativo y Ejecutivo, dotándolos de ámbitos de competencia claramente definidos. Uno el Judicial que tiene en su encomienda adecuar el marco normativo en correspondencia a la Constitución e impartir justicia. En base a dos principios la constitucionalidad y la interpretación de la ley.

El derecho es aquel conjunto de normas que tratan de regular la conducta humana mediante ordenamientos, permisiones y prohibiciones emanados de la Constitución.

La impartición de justicia es hacer lo correcto, cuando esto no es posible se hace lo justo que se establece en la norma y se aplican los principios estrictos legales en los derechos, permisos, concesiones y la aplicación de las penas o multas establecida en ellas, y el margen que en estas leyes y reglamentos se interpretan por los magistrados y jueces.

El Legislativo tiene en responsabilidad adecuar las leyes a la nueva realidad y establecer la consistencia con el sistema jurídico, incluyendo la Constitución, por ello en algunas corrientes críticas del pensamiento jurídico y pragmático se le conoce como el Constituyente Permanente.

El Ejecutivo es el representante legal del Estado Mexicano y es el responsable de administrar los recursos públicos dividido en tres órdenes territoriales y administrativos: el federal, estatal y municipal.

La lealtad a ciegas no permite que el presidente tenga un espejo reactivo que le diga la realidad y que no todo lo que hace es correcto y por lo mismo no tiene una conciencia reactiva que le permita pelotear sus decisiones, hasta Pinocho tenía a “Pepe Grillo”, Salinas a Pepe Córdoba, Zedillo a Liébano, Peña a Toño Meade, Fox a Martita, Calderón a Margarita y, a decir de muchos, hasta la botella. Y AMLO no tiene, solo tiene sirvientes para la actual administración.

Solamente Tatiana, Secretaria de Economía, y Claudia, la Jefa de Gobierno, en el ámbito de sus competencias le señalan algunas cosas en donde por lo menos las escucha y rectifica.

El caso más preocupante, de donde vienen todas las contrarreformas liberales del sexenio de Peña, dan muestra de un amor por la burocracia dorada de este país y que son verdaderos nichos de poder y poderes reales que se traducen en votos y conservadurismo político del poder.

La CFE y PEMEX son la expresión del estatismo dorado y de la burocracia cortesana de sus dirigencias y que tienen una enorme presión sobre los pasivos laborales, y que con la última reforma laboral de la subcontratación encarece en mucho por la imposibilidad de la subcontratación de fuerza laboral temporal y súper especializada y que no es viable su internación a las nóminas permanentes.

Después de tres años de gobierno es casi seguro que “estaríamos mejor con el PRI-AN” o con MC, que es el caballo negro y que tiene sorpresas en sus campañas.