Digerida la jalea de la elección, como dijo Salvador “Chava” Flores, el presidente empieza a mover sus piezas y le da juego a sus dos afiles, dándole soporte a Claudia, que ya no es mucho, y destituye a la hasta ayer titular de la Función Pública, Irma Eréndira, a quien la sustituye el siempre disponible y trabajador Roberto Salcedo de larga trayectoria dentro del PRI y de la Ciudad de México, vinculado con Manuel Camacho y ahora con el aun canciller Marcelo, este último actualmente mencionado de manera reiterada como el principal responsable de la tragedia “incidente” de la línea 12, antes dorada, hoy doblada.
Salcedo hombre de números y politólogo de profesión, tiene importante trayectoria dentro del servicio público y recientemente en la Auditoría Superior de la Federación, y ahora entra al quite como una pieza clave de la administración pública que preocupa, porque siguen confundidos en la función de la Función Pública.
Y esto es importante porque, junto con la remoción de Herrera de la Secretaría de Hacienda, abre la posibilidad de que exista un norte sobre los últimos días del presidente Andrés Manuel, el cual de acuerdo a la mayoría de los sondeos de popularidad cada vez está más cerca de la revocación de mandato. El pueblo no tan bueno y clase mediero lo tienen a 8 puntos porcentuales de dejar el cargo el año próximo, junto con la Sheinbaum que, por su nivel de popularidad, desempeño, visión de ciudad bicicletera y resultados en su natal Tlalpan, actualmente se encuentra materialmente fuera de la Jefatura de Gobierno para el año que entra. Como dice AMLO el pueblo pone y el pueblo quita. Ni modo.
La principal función de la Función Pública es mejorar la operación de las dependencias públicas, nunca ha sido su responsabilidad el combate a la corrupción, que hoy se lo endilgan. La función pública permite mejorar procesos de autoridad, mejorar los tiempos y resultados de la gestión pública, nunca de manera directa la corrupción. Esta chamba es de la Auditoría Superior de la Federación como control constitucional en nuestro país.
Recibir y procesar la declaración de modificación patrimonial de los funcionarios públicos federales, para su entero y reserva, y de acuerdo a las más recientes reformas iniciar, ante autoridad competente, denuncia sobre hechos constitutivos de sospecha de enriquecimiento no muy explicable.
Es por ello que, con la salida de Herrera y la llegada de Ramírez de la O, se impone la visión de la mejora regulatoria y simplificación administrativa que impulsa Raquel Buenrostro, jefa del SAT y que es necesaria, pero tal vez no suficiente.
Herrera era partidario de una reforma fiscal, si no muy profunda, si suficiente como para que permita sufragar de manera sostenible las necesidades de recursos de los programas y gastos del gobierno federal y el pasivo laboral al que nos enfrentamos. En lo que estamos de acuerdo, pero no sobre los mismos de siempre, los causantes cautivos, pero por proponerlo lo intentan mandar al BM.
Sin lugar a duda, la excesiva regulación es un impedimento para el crecimiento de las actividades empresariales, y el desempeño de los verificadores de cada una de las dependencias implica costos y tiempo para poder operar un negocio.
De acuerdo al IMCO, señala que “En México, los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) tienen facultades para emitir reglas, trámites, permisos, licencias y concesiones en diversas áreas: medio ambiente, turismo, salubridad (animal, vegetal y humana), recursos minerales, construcción, energía, transporte, comercio, derechos humanos, etcétera. Se podría pensar que cada orden de gobierno tiene claramente definidas sus facultades respecto a quién regula qué. Sin embargo, la complejidad del marco normativo se incrementa significativamente en el cómo se regula. Como consecuencia de ello, existe un amplio catálogo de herramientas regulatorias: leyes, reglamentos, normas, acuerdos, decretos, lineamientos, avisos y resoluciones, entre otras.”
Y eso no es lo peor, ya que destacan que “Adicionalmente, cada una de las 32 entidades federativas y los más de 2 mil 400 municipios emiten regulaciones y/o trámites a través de ordenamientos jurídicos similares. Como consecuencia, existen aproximadamente 150 mil regulaciones vigentes, de las cuales 60% corresponden a municipios, 30% a estados y 10% al gobierno federal, tal es el caso de Reglas de Operación, Acuerdos, NOM, circulares, entre otros. En estas condiciones de congestión regulatoria o sobrerregulación, es donde México enfrenta un serio problema que atenta contra la libertad económica del país y la competitividad.
Sumemosle lo malo que son los servicios públicos, electricidad y los apagones, los precios de los combustibles por ineficiencia y falta de competencia e inversión pública que mejore las condiciones sociales de la infraestructura pública, que es publica porque es de acceso general, no porque sea de propiedad de los gobiernos de los tres órdenes.
Es por ello que es importante, importantísimo, el relevo de la Función Pública, donde sale una vocera estridente del movimiento de MORENA y entra un funcionario que ha dado buenos resultados, pero es más importante que le haga saber al presidente AMLO que el objetivo de esta Secretaría es disminuir lo costoso y burocrático que es el gobierno federal y que el objeto central, como lo aclara la Jefa del SAT, es mejorar y optimizar la función de la administración federal y hacerla menos costosa para el pueblo bueno y el no tan bueno de la clase media y alta, que también somos mexicanos o qué no.
Una de las funciones complementarias de la SFP, es evaluar las reglas de operación y los resultados efectivos de los programas públicos y del gasto del gobierno federal. Y evitar a toda costa que la renta que se queda el gobierno federal y de todos los gobiernos sea demasiado oneroso que impida el crecimiento económico y con ello el bienestar de nuestra población.
El problema es que Andrés Manuel tiene enfrente un procedimiento de revocación de mandato y que no le da para proponer una reforma fiscal, necesaria ahora y en dos años será indispensable, pero que para la actual administración ya no le da. Ya que cualquier cambio de miscelánea fiscal le puede derrumbar su popularidad y en esa ruta parece que desde ahora se está quedando solo, muy solo.
