Quince pacientes del IMSS fallecieron de una manera terrible, y por una causa absurda, durante las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Tula del pasado 6 de septiembre. A pesar de que la sucesión de hechos apunta a la negligencia por parte de las autoridades del Seguro Social, el manto protector ya fue tendido y nadie será castigado por la muerte de un total de 17 derechohabientes.

De los 17 fallecidos, 15 murieron debido a que, al fallar el suministro de energía eléctrica en el Hospital General de Zona número 5 del IMSS en Tula, Hidalgo, los ventiladores mecánicos que los mantenían con respiración artificial no pudieron seguir funcionando. Los pacientes fallecieron asfixiados por la falta de una planta de energía auxiliar, como la tiene cualquier instalación médica.

Es inaceptable que un Hospital General de Zona del IMSS carezca de energía suplementaria. ¿Se imagina usted lo que ocurriría si, por ejemplo, una cirugía vital se ve interrumpida por un apagón ante la falta de una planta de energía eléctrica? ¿Se imagina usted cuántos equipos médicos necesarios para monitorear a los pacientes, o para mantenerlos con vida, funcionan con energía eléctrica en un hospital como el de Tula?

El IMSS no tomó las más elementales medidas para que los pacientes no fallecieran por la falta de oxígeno provocada por fallas en el suministro de energía eléctrica por la inundación del río Tula. Cuesta mucho trabajo imaginar una muerte tan absurda y dolorosa, y una negligencia tan grande y evitable.

Al inundarse el hospital, las autoridades también fallaron en la prevención para la evacuación urgente de los pacientes que requerían oxígeno para vivir. Y aquí es donde empieza el peloteo de las responsabilidades: Zoé Robledo, director general del IMSS, asegura que ningún funcionario del Hospital fue advertido sobre el potencial desbordamiento del río Tula. “Desafortunadamente, ni el personal directivo del Hospital, ni la Jefatura de Prestaciones Médicas ni la Delegación (del IMSS) de Hidalgo fueron advertidos, oficial o informalmente, del fenómeno y su potencial”, afirmó Robledo.

Sin embargo, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, aseguró que sí alertaron sobre el riesgo de desbordamiento del río Tula. De hecho, puntualizó que gracias a los alertamientos de Protección Civil se pudo evacuar a la población el lunes por la madrugada.

Las autoridades del Hospital General de Zona de Tula nunca informaron lo que ahí estaba sucediendo, y mucho menos atendieron los alertamientos de Protección Civil. La suma de hechos negligentes enlutó a 17 familias de Tula.

¿Quién asumirá la responsabilidad por estos fallecimientos? La muerte de los 17 pacientes -15 de ellos eran atendidos por COVID-19- no debe ser atribuida al desbordamiento. No se trató de personas arrastradas por la corriente de agua, sino de enfermos que dejaron de recibir oxígeno que requerías para seguir viviendo.

Si estos pacientes hubieran fallecido en un hospital privado, ya habría un ejército en redes sociales exigiendo cárcel para los dueños del hospital. Si Andrés Manuel López Obrador no fuera presidente, ya habría salido a exigir la renuncia y encarcelamiento del director general del IMSS.

Es claro que alguien debe hacerse responsable por estos fallecimientos. No basta con declaraciones y lamentaciones. El gobierno de la República está obligado a hacer una investigación imparcial y exhaustiva que permita deslindar responsabilidades.

Los pacientes que fallecieron no recuperarán la vida, pero sus familias merecen saber quién falló y por qué murieron sus familiares.

Los responsables deben asumir las consecuencias, y la sociedad debe tener la certeza de que quienes actuaron con negligencia no volverán a estar en un puesto de responsabilidad donde sus malas actuaciones puedan provocar otro daño.