Los resultados de la elección intermedia del pasado 6 de junio forzaron la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar un giro completo a su estrategia política, y los recientes movimientos al interior de su equipo de trabajo responden a la intención de recomponer parte de lo que no ha funcionado.

Por supuesto, el presidente no reconocerá errores, pero los movimientos registrados son la aceptación de que la parte política de su gabinete no caminaba. Sin embargo, la culpa no es toda de Olga Sánchez Cordero ni de Julio Scherer Ibarra. Ellos tenían limitaciones impuestas por el propio presidente.

De igual forma, la decisión de nombrar a Quirino Ordaz, próximo exgobernador de Sinaloa, como embajador de México en España, tiene, al menos, una doble intención: airear la relación con aquella nación y minar al bloque opositor conformador por el PRI, PAN y PRD.

Quirino Ordaz cultivó una buena relación con el expresidente Enrique Peña Nieto. Un cercano excolaborador de Peña Nieto fue quien los presentó, y la buena relación fluyó entre ambos. Algunos analistas políticos interpretan que Ordaz será el interlocutor entre López Obrador y Peña Nieto, aunque en realidad el mandatario y el exmandatario no necesitan a un intermediario. Peña Nieto y López Obrador mantienen acuerdos, y mientras estos no se rompan, la fiesta se llevará en paz.

El nombramiento de Quirino Ordaz también parece responder al agradecimiento que López Obrador le tendría por su actuación, o por falta de ella, ante lo ocurrido en Sinaloa el 6 de junio, relatado por el periodista Héctor de Mauleón.

López Obrador también incorporará al hoy gobernador panista de Nayarit, Antonio Echevarría García. El presidente inserta en su equipo de trabajo a priistas y panistas, y anuncia abiertamente que buscará acercamientos con la bancada del partido tricolor en la Cámara de Diputados para alcanzar la mayoría que se requiere en la aprobación de las reformas que el Ejecutivo presentará al Congreso de la Unión. Estos anuncios son claros intentos de quebrar al bloque opositor, que en la elección pasada mostró eficacia y utilidad.

A López Obrador le preocupa la sucesión. Los recientes movimientos, y otras decisiones tomadas entre agosto y septiembre, responden a la intención de recuperar votos perdidos en distintas zonas del país.

En la Ciudad de México, por ejemplo, una de las acciones más visibles, y más simples, fue el cambio en la cromática oficial del gobierno de la capital, que pasó de verde a guinda para hermanar las identidades gráficas con la del partido en el gobierno, Morena. Una maniobra exactamente igual a la que usaron los gobiernos priistas, que usaban la cromática tricolor, o los gobiernos panistas que usaron la identidad gráfica gubernamental en color azul. Qué ingeniosos.

El sinaloense Quirino Ordaz no será interlocutor entre Peña Nieto y López Obrador, y Olga Sánchez Cordero sí actuará como cuña a Ricardo Monreal en el Senado de la República.

Los movimientos registrados buscan fortalecer la operación política del gobierno federal mediante el pago de favores, el debilitamiento del bloque opositor, y la exaltación de una figura única que en breve se hará notar.

López Obrador no cederá en la segunda mitad de su gobierno. La fuerza perdida en la Cámara de Diputados será equilibrada con opositores, priistas y panistas, cooptados e incorporados a su equipo de trabajo. También buscará fortalecer las acciones de la UIF y de la FGR con la intención de encarcelar a algún opositor de renombre.