El gobierno de la República finalmente reconoció que los grandes proyectos que más importan al presidente Andrés Manuel López Obrador no cuentan con el apoyo mediático y que la sociedad no los aprueba mayoritariamente. 

Como resultado de la nueva composición en la Cámara de Diputados por los resultados de la elección intermedia de junio pasado, en la que Morena y sus aliados perdieron el número de legisladores que se requieren para alcanzar la mayoría calificada -que permite aprobar una reforma constitucional-, el sector oficialista careció de los votos para hacer pasar la reforma eléctrica planteada por el presidente López Obrador.

El compromiso era analizar y someter a votación la reforma en este mismo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que termina en diciembre. Sin embargo, la redacción original de la reforma planteó muchas dudas y temores, y distintos sectores de la población se manifestaron en contra de ella.

Ello motivó una agresiva campaña de comunicación en la que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, acudieron a cuanto medio de comunicación les abrió la puerta para defender la reforma eléctrica del presidente. La urgencia era revertir la idea, que para ese momento ya estaba muy posicionada en la opinión pública, de que la propuesta eléctrica ahuyentaría inversiones, regresaría el monopolio a la CFE y afectaría incluso a quienes en sus hogares instalaron celdas solares para la generación de energía.

La agresiva campaña de comunicación, instruida desde Palacio Nacional, no tuvo buenos resultados pues la reforma eléctrica ha sido pospuesta. El rechazo generado por la reforma del presidente López Obrador trascendió, incluso, la frontera norte del país, y en Estados Unidos influyentes sectores hicieron llegar sus preocupaciones al Capitolio y a la Casa Blanca. Con ello, el gobierno de Joe Biden intervino e hizo saber al presidente López Obrador sus preocupaciones por lo que se planteaba en la reforma eléctrica. Ese fue el tiro de gracia para una propuesta legislativa que no contó con el apoyo de un gran sector de la población.

Pasado ese episodio, ahora la agresiva campaña de comunicación del gobierno de la República está enfocada mostrar las supuestas bondades del aeropuerto de Santa Lucía. Ahora, la urgencia del gobierno está enfocada en revertir la idea que ya se posicionó en la opinión pública de que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene muy poca capacidad de movilización, que es inoperante, que falta mucho para concluir su construcción, que una inclinación en la torre de control podría representar un riesgo, que el costo original de construcción se ha duplicado, entre muchas otras cosas que se dicen de la terminal aérea.

Primero, el gobierno federal organizó un tour de diputados de Morena, PT y Verde por el aeropuerto. Ahí, recibieron explicaciones por parte de militares a cargo de la construcción de la terminal aérea. Pero los diputados no influyen en los medios, y por tanto no influyen en la opinión pública. Por ello, ahora el gobierno de la República organiza visitas de periodistas y dueños de medios de comunicación que consideran influyentes para tratar de revertir la mala imagen que hay sobre el nuevo aeropuerto.

Las redes sociales y los medios de comunicación han empezado a hablar de supuestas bondades del aeropuerto. Sin embargo, la pésima imagen que ya pesa sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles complica demasiado lograr buenos resultados en esta campaña de comunicación.

En Palacio Nacional ya preparan otras campañas para defender el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

Los grandes proyectos del gobierno, los que de verdad interesan al presidente López Obrador, tienen algo en común: están llenas de inconvenientes y no cuentan con el apoyo de la opinión pública. Por eso la urgencia de revertir esa mala imagen, cuando ya estamos en la segunda mitad del sexenio.