Y sí, finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el desabasto de medicamentos en el país. No fue gracias a la oposición, ni gracias a los reclamos de los padres de niños con cáncer, sino gracias a una señora que, dijo el propio mandatario, en el avión durante su reciente viaje a Nueva York se le acercó “muy respetuosa, nada de politiquería, porque han utilizado lo del desabasto para afectar al gobierno, al movimiento, no, la señora con muy buenas intenciones me hizo el planteamiento en el avión sobre las medicinas para el cáncer”.

Esa señora, cuya identidad hasta ahora es desconocida, le planteó al presidente: “no tenemos los medicamentos en el Seguro. ¿Qué se va a hacer? porque vamos y no nos atienden y no nos están dando los medicamentos”.

Gracias a esa señora, López Obrador exigió al director general del INSABI, Juan Ferrer, y al secretario de Salud, Jorge Alcocer terminar de resolver el problema del desabasto. “Ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos, y no quiero excusas de ningún tipo”, amenazó.

Pero en realidad el actual desabasto de medicamentos en el país es resultado de una fallida estrategia anticorrupción y de un pésimamente operado intento de ahorro en la compra de insumos médicos implementados por el gobierno de López Obrador. Hasta el momento no sólo no hay ningún funcionario sancionado por algún acto de corrupción en la compra de medicamentos, sino que además cuesta -y costará- mucho más adquirir y distribuir los medicamentos en el país.

Las medidas asumidas por el gobierno de López Obrador para acabar con la supuesta corrupción que imperaba en la compra y distribución de los medicamentos en el país acabaron con el engranaje bien establecido que garantizaba el abasto de las medicinas. Hasta 2018, el IMSS se encargaba anualmente de realizar las compras consolidadas, no sólo para cubrir sus necesidades sino también las de otras instituciones de salud federales y estatales. Este modelo se realizaba desde 2013, en un programa que logró ahorros por más de 21 mil millones de pesos entre 2013 y 2018.

Sin embargo, a su llegada al gobierno López Obrador instruyó la centralización de las compras consolidadas de medicamentos en la Secretaría de Hacienda, a través de la Oficialía Mayor que encabezaba Raquel Buenrostro, muy cercana y de todas las confianzas del presidente. Ese fue el primer cambio que condujo al desabasto de medicamentos, pues provocó retrasos y compras insuficientes de medicamentos debido a la falta de experiencia en el tema de los nuevos funcionarios públicos encargados de realizarlas.

Además de la centralización de las compras de medicamentos en la Secretaría de Hacienda, en 2019 el Gobierno de la República vetó a las tres principales distribuidoras de insumos médicos del país alegando prácticas oligopólicas, sin comprender que estas distribuidoras compraban medicamentos a otras farmacéuticas para vender al gobierno federal tanto las medicinas como el servicio de distribución. Antes del veto, el Gobierno de México no consideró la logística de distribución que debía implementar, lo que también contribuyó al desbasto. En particular, el gobierno de López Obrador inició una confrontación con la empresa farmacéutica Laboratorios Pisa, lo que tuvo un impacto en el abasto de medicamentos oncológicos debido al cierre de siete de sus plantas productoras.

Las protestas que se desataron por el desabasto de medicamentos oncológicos no se tratan de ningún ataque planeado desde algún poder fáctico, como han referido López Obrador y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, a lo largo de este sexenio. Simplemente, la toma de decisiones gubernamentales para implementar un nuevo sistema de compra de medicamentos ha sido totalmente equivocada y ninguna de las acciones emprendidas para abastecer de medicamentos al país se realizó con base en estudios que previeran posibles fallas en el abasto.

A la fecha, ni siquiera se ha considerado quiénes serán los nuevos proveedores y si pueden atender las demandas de los hospitales o tienen la capacidad de distribuir en todo el país.

A pesar de que el presidente ha reconocido el desabasto, y que dio enérgicas instrucciones al secretario de salud y al director general del INSABI para que ya no haya reclamos por la falta de medicamentos en los hospitales, el problema del desabasto está lejos de resolverse, lamentablemente.

El gobierno de López Obrador ha insistido en muchas ocasiones que el abasto de medicamentos en el país está garantizado, pero la exigencia a los funcionarios del sector salud refleja todo lo contrario. Hoy, el Gobierno de la República es incapaz de garantizar el suficiente abasto de medicinas en los hospitales públicos.

Los niños y niñas con cáncer han sido los más afectados por el desabasto de medicamentos. Familiares de pacientes con cáncer interpusieron más de 200 amparos para obligar a las autoridades a resolver el problema del desabasto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió, de finales de 2019 a principios de 2020, 552 quejas por desbasto de medicamentos, sin que esta instancia haya emitido alguna recomendación al respecto.

México no cuenta con un registro nacional del cáncer infantil completo y confiable. Sin embargo, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud refiere que anualmente se diagnostican entre 5 mil y 6 mil menores de 15 años que son atendidos en más de 50 unidades médicas en el país.  Además, el IMSS, el ISSSTE y otros institutos dan tratamiento oncológico a sus derechohabientes. Anualmente, alrededor de 20 mil niños son víctimas del cáncer en el país. Hoy, pocos de ellos reciben un tratamiento completo.

El regaño presidencial pudiera ser un buen inicio, aunque la solución al problema del desabasto de medicamentos se ve muy lejana.
 

Ojalá hubiera más señoras como la que se acercó en el avión a López Obrador. Parece ser que esa es la única forma de que el presidente se acerque a la realidad de los verdaderos problemas nacionales.