Como ya es costumbre, la mayoría en la Cámara de Diputados conformada por los legisladores de Morena, PT y PVEM, aprobó el Presupuesto de Egresos de 2022 sin mover una sola coma de la propuesta que recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, los legisladores acataron tal cual los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los diputados federales oficialistas se manifiestan orgullosos de lo que aprobaron. De hecho, avasallaron a la oposición rechazando todas las mil 994 reservas planteadas en la discusión -86% de ellas impulsadas por diputados opositores- en las casi 52 horas que duró el debate. Todos los planteamientos fueron ignorados, y de acuerdo con lo expresado por los coordinadores de las bancadas del PRI y del PAN, ello cerró una eventual negociación de reformas constitucionales, como la eléctrica, cuya discusión se aplazó para el próximo año. La reforma eléctrica del presidente López Obrador, señaló el diputado panista Jorge Triana, está muerta “y la mató la estulticia de los partidos que lo apoyan”.
Las reservas promovidas por los diputados de oposición por los recortes de más de 8 mil millones de pesos a órganos autónomos fueron desechadas una a una por Morena y sus aliados. La propuesta enviada por López Obrador considera severas reducciones presupuestarias al INE y al Poder Judicial, entre otras entidades golpeadas. El presupuesto del Instituto Nacional Electoral aprobado para el próximo año quedó en 19 mil 736 millones de pesos, con lo que no se consideraron los 5 mil millones de pesos que el árbitro electoral solicitó para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato en 2022.
La propuesta presentada por la Secretaría de Hacienda no consideraba la asignación de esos 5 mil millones de pesos, pues el gobierno federal argumenta que el INE cuenta con recursos en dos fideicomisos que puede usar para sufragar los gastos de la consulta. Además, desde Palacio Nacional el presidente López Obrador les ha recetado a los consejeros electorales, otra vez, la cantaleta de que se reduzcan sus sueldos, que ahorren, que dejen de comer en restaurantes caros.
“Este recorte pone en riesgo la organización del proceso de revocación de mandato, que paradójicamente está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el presupuesto para 2022”, señaló el presidente del INE, Lorenzo Córdova.
¿Qué pretenden el sector oficialista de la Cámara de Diputados y el gobierno federal al negar al INE los recursos solicitados para llevar a cabo la revocación de mandato?
El consejero electoral, Ciro Murayama, afirma que el inédito recorte impedirá al INE organizar la revocación de mandato el próximo año, lo que forma parte de una estrategia para desmantelar al órgano antes de las elecciones presidenciales de 2024.
Quizás la intención es provocar que el INE no pueda llevar a cabo el proceso de revocación de mandato, con lo que incumpliría con un mandato constitucional. Ello les daría argumentos de peso a los legisladores para insistir en la necesidad de renovar el Consejo General del INE, con lo que obtendrían la preciada cabeza de Lorenzo Córdova.
En otro sentido, si la recolección de firmas ciudadanas para solicitar la consulta de revocación de mandato -que debe alcanzar los 2 millones 758 mil 227 entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre- no se alcanza, el gobierno federal culpará al INE de este fracaso. En cualquier escenario, el INE cargará con una culpa pública promovida desde Palacio Nacional. Politiquería pura.
La participación en la consulta de revocación de mandato se prevé que provenga mayoritariamente de quienes reciben recursos gubernamentales vía becas o programas sociales. Curiosamente, en el Presupuesto de Egresos de 2022 se considera que la Secretaría del Bienestar reciba 2 mil 700 millones de pesos más que en 2021; la Secretaría de Salud, 2 mil 457, y PEMEX 636.2 millones de pesos más que este año. ¿Alguien tiene dudas sobre las intenciones gubernamentales y su forma de operar?
