El gobierno que prometió acabar con la corrupción en el país y que ofreció combatirla “como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo”, en la práctica se ha dedicado a ocultar la basura debajo de las alfombras. A pesar de que se han presentado pruebas de que la actuación de distintos servidores públicos de alto nivel no ha sido del todo honesta, cada denuncia publicada ha tenido como respuesta un premio o un reconocimiento por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así ha sido con Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara, Irma Eréndira Sandoval, Delfina Gómez, Rocío Nahle, Carlos Lomelí, y ahora el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
La denuncia publicada de que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, de Santa Lucía, ha sido edificado entre irregularidades y corrupción tuvo como respuesta una condecoración al titular de la SEDENA por parte del presidente López Obrador. La construcción de la terminal aérea ha estado a cargo de la Defensa Nacional, por lo que el general Sandoval debería ser responsable de los actos de corrupción ahí detectados y exhibidos.
Pero no, ninguno de los actos de corrupción exhibidos en un reportaje periodístico ha sido siquiera investigado por el gobierno de López Obrador.
La investigación periodística de Latinus exhibió diversas irregularidades detectadas en la revisión de 966 contratos adjudicados para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. En ellos se encontraron empresas fantasmas, direcciones falsas y la asignación de contratos a compañías investigadas por desvío de recursos. Algunos negocios de juegos y pequeñas tlapalerías se convirtieron en multimillonarias contratistas. En algunos de los contratos se halló que un negocio de renta de equipos inflables aparece como proveedor de tractocamiones, pero su domicilio no existe; que una pequeña tlapalería ubicada en la colonia Tabacalera, en la Ciudad de México, recibió contratos por 77 millones de pesos por el supuesto suministro de 500 mil piezas; y una empresa más recibió 19 millones en contratos por renta maquinaria pesada, pese a que no hay rastro de su sede ni de su dueño, que es policía municipal.
El Ejército Mexicano recibió 75 mil millones de pesos para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, y de los 966 contratos revisados, el 70% fueron entregados por adjudicación directa, que por su opacidad tiene un mayor riesgo de caer en irregularidades y corrupción, y el resto fue otorgado por invitación a cuando menos tres personas, con lo que se evitó la participación de cualquier empresa.
La respuesta gubernamental a la denuncia publicada fue la entrega de la condecoración al mérito militar al general Luis Cresencio Sandoval, y la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas su modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. En síntesis, casi cualquier obra de infraestructura del gobierno podrá saltarse todos los requisitos y ser autorizada inmediatamente.
El acuerdo, firmado por el presidente López Obrador, tiene como fin hacer todavía más opacas las obras como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
Nunca más se podrá revisar la asignación de contratos de estas obras. Ahora sabemos que la construcción del aeropuerto de Santa Lucía está llena de irregularidades y de corrupción, y que el general Sandoval debería haber recibido del presidente López Obrador la orden de renunciar a su cargo, y no una condecoración.
