Poco más de un mes ha transcurrido desde la publicación de un reportaje que le cambió la fisonomía al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A partir de ello, el presidente dejó de lado su gobierno para dedicarse casi exclusivamente a atender (mal) la crisis que provocó que saliera a la luz la ahora llamada “casa gris”, una lujosa residencia en Houston, Texas, propiedad de un alto directivo de una empresa contratista de PEMEX, que fue habitada por varios meses por el hijo mayor de López Obrador, José Ramón López Beltrán, y su esposa, Carolyn Adams.
Exhibir el conflicto de interés del mayor de los hijos del presidente tuvo un impacto mucho más severo que los videos en los que los hermanos López Obrador, Pío y Martín, de veían recibiendo dinero en efectivo para “el movimiento”, lo que en sí constituye un delito electoral que hasta ahora no ha sido sancionado.
El reportaje publicado puso a López Obrador contra las cuerdas. Si fuera boxeador, el presidente tendría las piernas débiles, tambaleantes, con poca fuerza para sostenerlo, y desesperado lanzaría golpes sin rumbo con la intención de que alguno de ellos fuera efectivo y le permitiera salir de la crisis. Los distractores del penacho de Moctezuma, la pausa en las relaciones con España, el supuesto sueldo de Carlos Loret de Mola (el responsable y cabeza visible de la publicación del reportaje de la “casa gris”), y los paseos a reporteros por Palacio Nacional, son esos golpes que el presidente lanza para tratar de evitar el nocaut, suplicando que suene la campana que le dé un respiro para tomar fuerzas.
López Obrador ha dejado de gobernar. Su gobierno se ha desmoronado porque a la publicación del reportaje de la “casa gris” le han seguido otros que han exhibido casos de tremenda corrupción en las altas esferas gubernamentales, que ubican al presidente como corrupto por ser cómplice, o al menos por tolerar la corrupción.
Con ello, su principal discurso de campaña y de gobierno, el combate a la corrupción, suena completamente hueco.
El gobierno de López Obrador se encuentra a punto del nocaut técnico, y a ello también hay que sumarle que la violencia generada por la acción de la delincuencia organizada en el país está en sus peores límites. El gobierno miente al decir que los delitos de alto impacto como los homicidios dolosos, el feminicidio, los asaltos y los secuestros hayan disminuido. El manejo mañoso de las cifras es algo que ha distinguido a este gobierno. Así lo ha hecho en la documentación del paso de la pandemia por el país, tratando de ocultar el pésimo manejo de contención del coronavirus y la decisión de gastar lo menos posible, y al tratar de manipular lo inocultable: que el país está inmerso en la violencia y que hay zonas inhabitables por la consentida acción de la delincuencia organizada.
El gobierno de López Obrador no tiene oposición, pero no la necesita. La inacción gubernamental en algunos casos, y su ineptitud en otros, están logrando lo que debería hacer la oposición: debilitar y exhibir al gobierno. El gobierno de López Obrador tiene hoy las piernas temblorosas, débiles. Ha dejado de acertar y de controlar el discurso público, y ahora dedica mucho más tiempo a tratar de reparar los daños que le provocan su inacción y su ineptitud.
Un acto de corrupción ventilado un día, una masacre al día siguiente, una tontería que cuesta mucho dinero al tercer día. Ese es el nuevo transcurrir del actual gobierno, dominado por la ineptitud y la inacción, que lo tienen a punto del nocaut.
