Una vez inaugurado el aeropuerto Felipe Ángeles con todas sus carencias, dudas y cortas expectativas, la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador está puesta al cien por ciento en el show llamado ejercicio de revocación de mandato.

Si bien la Constitución establece con claridad cómo debe convocarse y los pasos a seguir para la realización de la revocación de mandato, lo cierto es que esta primera ocasión en que se llevará a cabo en el país ha servido para mostrar las mil y una formas de violar la Carta Magna y de pasársela por el arco del triunfo. El presidente López Obrador, sus seguidores, los gobernadores y legisladores federales y locales de Morena decidieron que la ley no corresponde con sus intereses y por ello no hay que respetarla.

De acuerdo con lo señalado en la Constitución, la revocación de mandato es un instrumento de participación que debe ser solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza. En este caso, fue el propio presidente el que solicitó su realización, lo que evidentemente va en contra de lo señalado en el texto constitucional.

La Constitución también señala la prohibición de que servidores públicos y partidos políticos promuevan la revocación de mandato, lo que corresponde exclusivamente al INE. A Morena y al presidente se les hizo fácil crear supuestas asociaciones civiles promoventes de la revocación de mandato, que se han dedicado a difundir mañosamente la versión de que si gana la opción de que López Obrador no continúe en el cargo serán retirados los programas sociales. Es decir, según esa versión, las personas que hoy son acreedoras de alguno de los “programas sociales” dejarían de recibir el dinero en efectivo que representan dichos “programas” del lopezobradorismo.

En el Congreso de la Unión, los diputados y senadores morenistas maniobraron para aprobar un decreto que permitiría a los servidores públicos promover la revocación de mandato. Simplemente decidieron aprobar un decreto que viola la Constitución. Una vez aprobado, decenas de servidores públicos festejaron y se dieron vuelo en la promoción indebida, hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima instancia electoral en el país, los paró nuevamente en seco al hacerles ver que dicho decreto no aplica en esta ocasión.

La realidad es que con la revocación de mandato López Obrador busca medir su apoyo real en las urnas y la capacidad de movilización de su partido.

Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es una de las más desesperadas por dar buenos resultados al presidente. Después de que en la elección intermedia de 2021 Morena perdió más de la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, Sheinbaum busca mostrar que ese pésimo resultado fue sólo un tropezón y que en realidad la capital del país sigue siendo el gran bastión de la izquierda y de Morena.

Los resultados electorales de 2018 y 2021 no favorecen a Sheinbaum. Si bien en la elección de 2018 ganó por una diferencia de 16 puntos porcentuales sobre su más cercana competidora, lo cierto es que más de la mitad de los electores de la CDMX no votó por Sheinbaum. En esa ocasión, contó con el “efecto López Obrador”, que le permitió el triunfo en la elección de jefa de Gobierno. Incluso, Claudia Sheinbaum obtuvo menos votos que los que López Obrador recogió en la capital del país.

En 2021, Morena y sus aliados perdieron 9 de las 16 alcaldías de la CDMX, la peor derrota para la izquierda desde que hay elecciones en la capital del país. De ahí parte de la gran preocupación de la jefa de Gobierno.

Sheinbaum ha sido reconvenida hasta en tres ocasiones por el INE por hacer propaganda durante el tiempo de veda previo a la revocación de mandato. Su desesperación obedece en mayor medida a que tiene la encomienda presidencial de mostrar su capacidad de movilización y de dar buenos resultados. Ello sería obteniendo una votación a favor muy cercana a la que López Obrador obtuvo en 2018 en la capital del país, es decir, cerca de tres millones de votos (2 millones 657 mil).

No conseguir esa cifra, o algo muy cercano, pone a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México cerca de quedar fuera en la sucesión presidencial. Por ello se ha mostrado dispuesta a violar la ley electoral, y a seguir haciéndolo, sin importarle que el INE pueda sancionarla o dejarle la marca de delincuente electoral.

En días recientes, habitantes de la CDMX han referido recibir llamadas telefónicas de una supuesta Fundación por la Democracia, en las que una de las preguntas que realizan es si quien responde sabe que López Obrador es quien entrega todos los programas sociales, y que si no quieren perderlos deben votar por que continúe en el cargo en la revocación de mandato.

El descaro y la desesperación de Sheinbaum forman una muy mala combinación. Con su descaro, la jefa de Gobierno muestra que la ley le importa poco y saca a relucir su talante autoritario, ese que dicen no tiene. Con su desesperación, Sheinbaum se obnubila, se ciega y pierde objetividad.

Los resultados de la revocación de mandato, que se llevará a cabo el próximo 10 de abril, tienen mucho más preocupada a Claudia Sheinbaum que al propio presidente López Obrador. De ello depende su futuro político.